En dicho Plan se preveía que, si bien el marco temporal para esta medida era el ejercicio 2008, a la vista de los resultados y de las condiciones y objetivos del mercado de trabajo se podría proceder a su prórroga.

Sin embargo, al no comenzar su ejecución hasta septiembre de 2008, se fijó la vigencia temporal hasta agosto de 2009.

Por otra parte, el Real Decreto Ley de 6 de marzo de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y protección de las personas desempleadas, autorizó la prórroga durante dos años de esta medida, al considerar prioritario continuar la tarea de estos profesionales dado el actual escenario económico.

Los 1.500 orientadores prestan su servicio en todo el territorio nacional y tienen como objetivo fundamental mejorar la intermediación y ofrecer oportunidades reales de empleo para facilitar la colocación de los desempleados.

Para ello los orientadores elaboran un itinerario personalizado para cada desempleado, que pasa por efectuar un diagnóstico de sus capacidades y posibilidades de encontrar empleo, y facilitarles formación, asesoramiento, seguimiento, tutela y cuantas acciones requieran a lo largo del proceso de búsqueda.

Al mismo tiempo, estos profesionales realizan una prospección de las empresas para localizar las necesidades de empleo de las mismas, identificar sus características y poder dirigir hacia ellas a los desempleados o determinar las necesidades de formación y cualificación que precisen para ocupar tales puestos de trabajo.

Asimismo, el Gobierno autorizó también hoy la celebración de un contrato de servicios de carácter informático con destino a renovar los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por un importe superior a los trece millones de euros.

Este contrato va a permitir acometer los nuevos proyectos previstos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su sistema de información y procesos de gestión, como continuación del proceso iniciado en 2004, bajo la denominación de Proyecto Lince.