Con ese fin, el Consejo de Ministros aprobó hoy un Acuerdo para el desarrollo del Plan de Reducción de Cargas Administrativas y de Mejora de la Regulación.

El plan responde al compromiso del Gobierno con las políticas de mejora de la normativa y de reducción de cargas administrativas en la Unión Europea.

En el caso de España, resulta particularmente relevante trasladar la estrategia europea de simplificación administrativa, debido a la estructura empresarial española, en la que priman empresas de tamaño reducido, y al modelo de distribución competencial de nuestro país, que en ocasiones genera duplicidades normativas innecesarias.

Este plan es el primer paso para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias y revisar los trámites que puedan ser simplificados o realizados por medios telemáticos, según el Ejecutivo.

Para ello, se establecen dos líneas de trabajo, una sobre el pasado y otra dirigida hacia el futuro. Así, por un lado se persigue reducir en un 30 por 100 en el horizonte de 2012 las cargas que afectan a las empresas, especialmente pymes, derivadas de la normativa vigente, superando el objetivo del 25 por 100 fijado por la Unión Europea; y, por otro, se busca minimizar las cargas administrativas sobre las empresas en la nueva normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.

Para conseguir estos objetivos, las actuaciones que se desarrollarán estarán dirigidas a medir las cargas administrativas en las seis áreas de carácter horizontal, consideradas prioritarias: derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente y entorno laboral-relaciones laborales.