Así lo recogen las bases para la negociación de esta reforma que presentó hoy el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien señaló que el objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo entre en vigor el próximo 1 de enero de 2009.

La propuesta del Gobierno incluye también incrementar la capacidad normativa de las comunidades autónomas y ampliar la participación y la colaboración tributaria en coordinación con la Administración General del Estado.

Según Solbes, con este modelo ninguna región "perderá", por lo que confía en "alcanzar un acuerdo político" para llevar a cabo esta reforma "antes del verano".

El objetivo del Gobierno es, según el vicepresidente económico, lograr un modelo "consistente, transparente y me gustaría que fuera estable", así como respetuoso con los compromisos adquiridos en los distintos estatutos de autonomía.

La propuesta de bases del Ejecutivo incluye diez principios básicos, entre los que se encuentran el incremento de la participación en el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, y que están encabezados por la garantía de la financiación de todas las competencias transferidas.

Asimismo, el nuevo sistema deberá garantizar que los recursos cedidos por el Estado para los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales) "sean iguales para todos los ciudadanos", independientemente de su lugar de residencia.

El Ejecutivo también abre la puerta a la aportación por parte del Gobierno de recursos adicionales en función de la disponibilidad presupuestaria que haya en cada año. En estos casos, Solbes apuntó que cualquier "esfuerzo adicional" tendrá en cuenta, tanto la población actual como la evolución de los últimos años.

En este sentido, el modelo incluye un nuevo sistema para ponderar las distintas variables que se utilizarán para la distribución, especialmente el de la población. Sin embargo, el ministro subrayó que esta fórmula para calcular la variable poblacional deberá negociarse con las comunidades.

Además, el nuevo modelo propuesto por Solbes incluiría mecanismos de revisión anual para adaptarse a la evolución de las necesidades y permite que de forma quinquenal se analicen los elementos estructurales del sistema.

Señala también que se "buscarán formulas" para la "aplicación efectiva" del principio de "lealtad institucional", principalmente teniendo en cuenta la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno recoge ampliar las competencias de los tribunales económicos y administrativos de las comunidades autónomas para que puedan revisar los acuerdos de los órganos de la región en materia tributaria.

Por último, el Ejecutivo apuesta por "mejorar la gestión financiera del sistema" y adaptarlo este nuevo modelo a las necesidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"NO SERÁ FÁCIL"

Solbes señaló en la presentación de esta propuesta de bases que "no será fácil" alcanzar un acuerdo con todas las comunidades y afirmó que será necesario que todos hagan un esfuerzo. "Todo el mundo tendremos que hacer un esfuerzo adicional si queremos llegar a un acuerdo", aseguró.

No obstante, subrayó que "desde el Gobierno, no va a quedar" ese esfuerzo y se comprometió a poner todo de su parte para "alcanzar un acuerdo".

En este sentido, apuntó que presentará a los gobiernos autonómicos esta propuesta en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el próximo 22 de julio.

En esta reunión concluirá la primera fase de la negociación, en la que se han encuadrado "muchos encuentros bilaterales" y que han tenido como fruto estos "principios generales".

La segunda parte comenzará en septiembre y será la de la "negociación pura", con el objetivo de cerrar la reforma antes de que termine el año. "La mayor dificultad será encajarlo todo en un marco global", afirmó Solbes.