La reforma del Estatuto Fiscal es una de las pendientes aún de tratamiento dentro del gran proyecto de reforma de la justiia que impulsa esta comisión. Hoy, el ministro presentó al resto de los partidos los principios básicos de esos cambios, que considera imprescindibles para su modernización.

Así, el Gobierno propone que la asignación de cargos en la Fiscalía no dependa únicamente de la antigüedad, como hasta ahora, sino que también sean tenidos en cuenta criterios de "mérito, especialización y capacitación" del candidato.

Además, pretende que el ejercicio de los cargos fiscales tenga un mandato limitado a 5 años,como en el caso de los jueces, aunque estos períodos puedan ser renovables tantas veces como se decida. De igual modo, la reforma del Estatuto Fiscal incluirá un nuevo régimen disciplinario y criterios jurídicos que permitan aunar criterios de actuación de todos los fiscales.

Mucho más avanzado está ya el proyecto de Ley de Acceso a la Profesión de Abogado, al que los miembros del Pacto dieron hoy el visto bueno y decidieron que se tramite por el procedimiento de urgencia.

Este proyecto significaá el establecimiento de un examen para los licenciados en Derecho, que les dará acceso al ajercicio de la profesión. Se pretende con ello garantizar a los ciudadanos que el abogado goza de los conocimientos prácticos suficientes y que se atiene a unos criterios deontológicos en la práctica de la abogacía.

Según explicó el ministro de Justicia, el objetivo de esta reforma es garantizar a los ciudadanos la calidad del servicio que reciben de los abogados y se conjura además el peligro de que los licencidos en Derecho españoles no puedan ejercer en el resto de la UE, donde ese tipo de pruebas sí son preceptivas, o de que el mercado español se vea invadido por abogados comunitarios, que en España no tendrían que superar el examen de acceso a la profesión.

En la elaboración y realización del examen participarán las universidades, los colegios profesionales, el Ministerio de Justicia y las Administraciones con competencias en esta materia.

Igualmente hubo acuerdo en relación a los cambios en el Esttuto del Procurador y en los puntos de la Ley Orgánica del Poder Judicial referidos a la oficina judicial y a los secretarios judiciales que aún estaba pendiente.

Pero además, en la reunión de hoy se acordó abrir una reflexión sobre la gratuidad de la justicia para aquellas entidades o empresas de envergadura que tienen múltiples procesos abiertos y que sobrecargan con sus asuntos el sistema judicial.

Se trata, por tanto, de debatir sobre la posibilidad de implantar un canon o tasa a bancos, compñías aseguradoras, entidades financieras o grandes empresas, de manera la recaudación pueda revertir en mejorar el funcionamiento de los tribunales y favorecer su modernización.

Acebes aseguró que este sistema de tasas no es ajeno al sistema jurídico español y recordó que en casos como los de las patentes ya se aplican modelos similares, que también existen en varios países europeos.