Fernández de la Vega anunció esa iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, después de que los representantes de ANV en el ayuntamiento guipuzcoano de Azpeitia, incluido el alcalde, se negaran a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria.

Explicó que ya se han dado las instrucciones precisas al servicio jurídico del Estado, aunque "no es un asunto fácil", y desde hace tiempo se exploran las distintas posibilidades para impedir que representantes de eas formación puedan aprovecharse de las instituciones democráticas.

Aseguró que esas iniciativas se impulsarán con consenso entre las fuerzas políticas democráticas y el Gobierno será "muy escrupuloso" en el cumplimiento de las leyes, pero también "tenaz" a la hora de impedir "que nadie pueda burlar la ley amparándose en ella".

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