En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, Valcarce respondió a una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado de CiU Carles Campuzano.

Reconoció Valcarce que este colectivo presenta "una especial vulnerabilidad" y necesita, por ello, "todo el apoyo de las administraciones".

El Gobierno trabaja en la puesta en marcha de un "plan específico" que incluirá protocolos de detección de estos casos, la tramitación de los expedientes para certificar oficialmente la discapacidad, programas de rehabilitación y el incentivo de la firma de convenios con entidades colaboradoras.

Valcarce expuso los datos de un estudio en el que se ha valorado la situación del 75,8 por ciento de la población reculsa de 66 centros. Según este informe, el 1,6 por ciento de ellos, 668 presos, padece alguna discapacidad.

De ellos, el 45,8 por ciento son discapacitados físicos, el 41,6 por ciento son psíquicos, el 8,1 por ciento sensoriales y en el 4,5 por ciento de los casos concurre más de una discapacidad.

La mayoría de los presos con discapacidad, el 79,5 por ciento, se encuentra en el segundo grado penitenciario, mientras que el 10,1 por ciento está en tercer grado, en "semilibertad", y sólo el 3,3 por ciento se encuentra en primer grado, el más rígido.

El 93 por ciento de los presos discapacitados son españoles, y ello a pesar de que el 25 por ciento del total de presos en cárceles españolas son extranjeros.

Lo más preocupante, a juicio de Valcarce, es que en ocho de cada diez de estos casos no existe certificado oficial de discapacidad, por lo que en el 77,2 por ciento de ellos no consta el grado de discapacidad.

Se sabe, no obstante, que un 12,6 por ciento de este colectivo tiene una discapacidad muy grave, el 1,6 por ciento es grave, el 1 por ciento leve, y el mayor porcentaje, el 7,6 por ciento, moderada.

Valcarce explicó también los programas que se han subvencionado con cargo a la asignación tributaria del IRPF en 2004.

La Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual recibió 288.213 euros para un programa de integración social y actividades rehabilitadoras.

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental obtuvo también 28.226 euros para programas en centros penitenciarios, y el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales recibió 106.543 euros para intervención psicosocial con personas reclusas enfermas.

Además, un convenio marco entre el Real Patronato de Discapacidad y la Universidad de Alicante recoge para 2005 un programa de seguimiento y análisis de la reinserción de presos con alguna discapacidad.

Uno de los objetivos de ese convenio es aplicar un protocolo informatizado para este colectivo, que se elaborará junto con FEAPS.