La modificación supondrá que hasta 1996 la Administración organizará cursos para formar anualmente a 20.000 desempleados, y 43.500 alumnos más en escuelas taller, con un coste de 650.000 millones de pesetas.

Para estos cursillos, tendrán prioridad aquellos parados preceptores de percepciones de desempleo, cuya disponibilidad para el empleo y características personales les permitan un mejor aprovechamiento, aunque se seguirá otorgando una atención especial a mujeres, minusválidos y emigrantes.

Los participantes gozarán de un seguro de accidentes y podrán tener derecho a ayudas por transporte, manutnción y alojamiento, "cuando existan causas que así lo justifiquen", así como becas por asistencia para los trabajadores minusválidos, según el Ministerio del Portavoz del Gobierno.

La nueva regulación contempla la distribución de competencias entre el INEM y las comunidades autónomas que han asumido los traspasos (Cataluña, Galicia, Valencia y Andalucía) y contiene una fase de planificación con carácter trienal, a realizar por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con participación de las comuidades autónomas nombradas y los interlocutores sociales.