Zambrana explicó que a la medida podrán acogerse unos 10.000 funcionarios cada año, pero que las estimaciones delGobierno apuntan a que sólo lo harán "unas decenas" de personas que prefieren seguir trabajando para sentirse útiles socialmente.

Estas jubilaciones, a las que podrán acogerse los trabajadores del Estado, las autonomías y los ayuntamientos, tienen un coste presupuestario nulo, ya que la mayoría de los empleados públicos ganan prácticamente lo mismo como pensionistas que como funcionarios en activo.

Zambrana dijo que esta medida pretende equiparar al sector público con el privado, en el que no es bligatoria la jubilación a los 65 años, además de tener en cuenta la evolución de la pirámide de población en España, en donde hay ya más personas entre 60 y 65 años que entre 1 y 5.

Sin embargo, recalcó que no se trata de una medida de empleo sino de dar la oportunidad de seguir trabajando hasta los 70 a las personas que por razones psicológicas o por otros motivos prefieren continuar en activo a pasar a la jubilación.

IDENTIFICACION

Por otra parte, Zambrana anunció también la puesta en marchade un plan para la identificación de funcionarios ante los ciudadanos, que afectará gradualmente a 100.000 empleados y cargos públicos a partir del 15 de febrero.

El plan incluye la utilización de distintivos personales por parte de los funcionarios, rótulos de despacho y mesa, tarjetas de visita y la identificación telefónica de los funcionarios, que deberán informar de la unidad y facilitar su nombre y apellidos.

Además, los expedientes que tramiten los ciudadanos irán acompañados de tarjetas atoadhesivas para que pueda hacer constar en ellas el nombre de las personas que le atienden y los trámites realizados y por efectuar.