La medida afecta a las pilas y acumuladores usados que contengan más de 25 miligramos de mercurio, excepto en el caso de las pilas alcalinas de manganeso, en las que el límite se reduce a 0,025 por ciento en peso de mercurio. Asimismo, incluye a las pilas con más de 0,025 por ciento en peso de cadmio y más de 0,4 por ciento en peso de plomo.

El real decreto también impone la obligación de que as pilas y acumuladores fabricados en España o importados de países terceros, excluidos los del espacio europeo, especifiquen el contenido de metales.

Además, las comunidades autónomas y los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para que las pilas usadas se recojan por separado para su posterior tratamiento.

Cada cuatro años, las administraciones autonómicas y locales deberán elaborar programas destinados a reducir el contenido de metales pesados de las pilas, fomentar la comercializació de las que menos cantidad de materias peligrosas contengan, reducir de manera progresiva la cantidad que se desecha en las basuras domésticas y promover la investigación sobre reducción de materias peligrosas.

También tendrán que informar a los consumidores sobre los peligros de la eliminación incontrolada y sobre la eliminación correcta de los aparatos que incorporen las pilas y acumuladores de manera fija.