El Gobierno aprobó un real decreto que revisa los planes hidrológicos hasta 2027 en 12 demarcaciones intercomunitarias de competencia estatal (Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro), que abarcan el 86% del territorio y aglutinan el 65% de la población, así como en Galicia Costa y Baleares. También avaló cada uno de esos nuevos planes hidrológicos y solo queda su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que se pongan en marcha.

Los planes se han elaborado para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en forma de fenómenos extremos, como las sequías y las inundaciones. Del mismo modo, están alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de Contaminación Cero y la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano. Estas medidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales y proteger la biodiversidad al tiempo que se avanza en adaptación ante el cambio climático.

Para ello, se establecen más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros, que se repartirán entre el Estado (10.675 millones), las comunidades y las ciudades autónomas (casi 8.300 millones), las administraciones locales (más de 2.300 millones) y otros agentes (más de 1.500 millones).

Entre estas inversiones, destacan algunas como los más de 6.600 millones destinados a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración; más de 2.200 millones para mejora de los abastecimientos; más de 5.000 millones para infraestructuras de regadío; más de 2.000 millones para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 millones para la restauración y conservación del dominio público hidráulico.

NOVEDADES

A diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los nuevos planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, con lo que determinan caudales mínimos y máximos para asegurar la protección de las masas de agua, los ecosistemas y el territorio. Del mismo modo, recogen medidas para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua y actúan sobre las actividades que las generan.

Los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12% desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el Gobierno plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos. En concreto, se reducen las asignaciones para los usos de agua al pasar de 28.000 hectómetros cúbicos anuales que marcaba la anterior planificación a 26.800 con el fin de garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos.

Para fomentar la calidad del agua, se impulsan la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por España en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales. En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa y se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.

La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, y también en la seguridad hídrica.