Con anterioridad a la presentación de esta queja ante la Unión Europea, el ejecutivo vasco, mediante acuerdo adoptado en el Consejo del Gobierno Vasco de 20 de enero 2009, ya había formulado oficialmente un requerimiento al gobierno español para que revoque su decisión de no realizar evaluación de impacto ambiental.

Dicho requerimiento autorizaba a la Dirección de lo Contencioso de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco a que, en el caso de que el referido requerimiento sea rechazado, interponga ante la jurisdicción contencioso-administrativa el correspondiente recurso.