Ese artículo estipula que los delitos contemplados en el convenio (atentados terroristas con bombas) nunca podrán ser considerados, a efectos de extradición, como delitos políticos.

España considera que la mencionada reserva de Bélgica es contraria al Convenio y opuesta a la Resolución 1373 de Naciones Unidas de 2001, que exhorta a todos los Estados a que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de la denegación de la extradición de presuntos terroristas.

La reserva de Bélgica fue objeto de estudio en las últimas reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre Derecho Internacional Público, celebradas el pasado 8 de febrero.