El Ejecutivo alega, principalmente, la primacía de las Cortes, que aprueba anualmente los Presupuestos del Estado en los que se fijan las retribuciones de los funcionarios, sobre la negociación colectiva u otros acuerdos alcanzados al margen del Parlamento.

En su recurso, de 115 folios, el Ejecutvo asegura que la sentencia de la Audiencia "vulnera" el principio de jerarquía normativa, puesto que da prevalencia a los acuerdos entre Administración y sindicatos sobre las Leyes de Presupuestos, que aprueban las Cortes Generales.

Según el abogado del Estado es "la Ley de Presupuestos Generales del Estado la que prevalece sobre tales acuerdos, tanto si se estima que tienen naturaleza de convenio colectivo como si se acepta que su naturaleza es reglamentaria".

El escrito insiste en que los acuedos emanados de la negociación colectiva no pueden prevalecer sobre la capacidad "plenamente legislativa" de la Ley de Presupuestos, tal y como ha recordado el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

Además, insiste el abogado del Estado, el principio de jerarquía normativa reconocido en la Constitución "impide que los incrementos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas determinaciones contenidas en normas con rango de ley".

El recurso insiste, adems, en que la Audiencia "interpreta indebidamente" el acuerdo entre Administración y sindicatos en 1994, que estableció un tratamiento perfectamente diferenciado para los incrementos del año 1995, de un lado (en el que sí se concreta un incremento efectivo), y de los años 1996 y 1997, de otro.

Según el recurso, para esos años no se contenía "una obligación incondicionada de incrementar las retribuciones de los empleados públicos", sino que se marcaban "meros criterios orientadores de las negociaciones ntre la Administración y los Sindicatos".