Según informaron a Servimedia fuentes ficiales, mañana se reunirá el Consejo de Cooperación, órgano consultivo del Gobierno en esta materia.

Desde la aprobación en 1998 de la Ley de Cooperación, que establecía un periodo de un año para legislar el Estatuto del Cooperante, las ONG han presionado al Ejecutivo para que garantice la protección laboral y sanitaria a los españoles que realizan labores humanitarias en países pobres y facilitar su reinserción profesional cuando vuelvan a España.

Las organizaciones consideran que los cooperanes son víctimas de una situación de vulnerabilidad, no sólo durante el periodo que trabajan sobre el terreno, sino en el momento en que vuelven a España.

Por ello, la Coordinadora de ONGD ha presentado un propuesta para regular el Estatuto del Cooperante, en la que se recogen las principales reivindicaciones.

EQUIPARACION

Según explicó a Servimedia el miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española, Joaquín López Sánchez, se trata de equiparar, en la meida de lo posible, las condiciones de trabajo de los cooperantes con las del resto de trabajadores españoles.

El trabajo que desempeñan los cooperantes es una actividad que actualmente no está recogida en el Derecho laboral español. Por ello, las ONG piden que se cree una modalidad de contrato especial que se adapte a las especificidades de esta profesión y que facilite el trabajo del cooperante.

Otra de las reivindicaciones principales se centra en las garantías sanitarias de los cooperantes y ss familias. En la mayoría de los países en los que trabajan los cooperantes no existe un convenio bilateral de Seguridad Social.

Así, los cooperantes no tienen ningún tipo de protección y deben pagarse el seguro ellos mismos o, en su defecto, la ONG para la que trabajan. Las organizaciones solicitan que sea la Administración quien asuma estos gastos.

"Además, queremos que sea obligatorio que las organizaciones aseguren a los cooperantes, ante peligro de accidentes, enfermedades o incluso de falleimiento. Ahora mismo, que el cooperante esté asegurado depende de la buena voluntad de las organizaciones", indicó.

RIESGO

Las reivindicaciones de las ONG se refieren a cuestiones de desigualdad entre los cooperantes y el resto de trabajadores, no tanto a los peligros que conlleva su profesión, ya que los riesgos que corren son difícilmente evitables.

No obstante, Cruz Roja entrega a sus cooperantes unas normas que se basan en "ser consciente del peligro y actuar con sentido común", bajo el lem "mantenga una actitud amistosa, identifíquese, proteja sus pertenencias".

"Han de afrontar bastantes peligros, situaciones de inseguridad, riesgo de accidentes y enfermedades. En las zonas donde prestan su servicio no hay infraestructura sanitaria y, a veces, son contextos de violencia armada", explicó López.

"Hay gente que lleva 4 ó 5 años en el terreno, vuelve a España y se encuentra desfasado a nivel profesional, con problemas familiares y sociales. Queremos que el Estatuto del Cooperante dé espuesta a esta problemática", concluyó.