Este documento que lleva por título "Principios y líneas generales de la futura ley reguladora de la responsabilidad civil del menor", ha sido supervisado por el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, según confiramron fuents del PP a la Cadena SER.

El texto indica que los 12 años son "la edad mínima a partir de la cual, aunque haya delito, no podrá haber ninguna reacción penal" y añde que "una edad inferior (10, 11) supondría una extensión injustificada del control penal", mientras que "una edad superior (14,15), una desresponsabilización ficticia de los menores, negativa para su propio proceso de socialización y difícilmente tolerable y comprendida por el resto de la sociedad".

El texto, que consta de 10 páginas, hace también una distinción entre menores (de 12 a 15 años) y jóvenes (16, 17), y establece tratamientos diferenciados tanto en las penas como en las medidas de seguriad a aplicar a ambos colectivos.

Para los menores se proponen tres tipos de medidas privativas de libertad: reclusión en centros, internamiento en centros terapéuticos y arrestos de fin de semana. En cuanto a otras medidas preventivas de otros derechos, se establece la amonestación, la libertad vigilada, los servicios en beneficio de la comunidad, el tratamiento terapéutico en ambulatorio y la custodia por una persona, familia o institución familiar.

Todas estas penas y sanciones tendrán, según ete documento, una duración máxima de dos años.

El texto prevé para los mayores de 16 años, además de penas privativas de libertad, otras de privación del derecho de conducir, del derecho de tenencia de armas, la suspensión de cargo público, trabajos en beneficio de la comunidad, el tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter sociosanitario, la custodia familiar y la asistencia educativa en libertad que podrá ir acompañada de determinadas reglas de conducta.

Además, este orrador establece que, en esta franja de edad, "la pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de 5 años. Si el delito cometido estuviese sancionado en el Código Penal con una pena superior a 15 años, la pena se podrá elevar hasta los 10 años".

Los arrestos de fin de semana serán de uno a doce, con una duración de 36 horas por cada uno de ellos. En la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se prevé una duración máxima de 180 horas, mientras que para el resto de penas se fia un máximo de tres años.

Este borrador de la futura Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor también prevé la posibilidad de que los jóvenes de entre 18 y 20 años se acojan a esta norma, en lugar de someterse al Código Penal, pero siempre que el delito no supere los 9 años de prisión ni sea competencia de la Audiencia Nacional o de tribunales especiales aforados.

El texto establece, además, los procedimientos abreviados en todos los casos de menores, la restricción de la publicidad dl juicio oral, si se trata de un menor de edad. Abre la posibilidad de que se persone una acusación particular en el supuesto de los jóvenes de 16 a 17 años, pero no en el de los menores de entre 12 y 15 años.

La filosofía que se le pretende imprimir a la nueva ley se basa en compaginar el endurecimiento de las penas con la reeducación de los menores. En este sentido, indica que "la ley debe exigir a todos los centros un programa educativo general con un contenido mínimo. También debe prever que los mnores y jóvenes tendrán un programa educativo individualizado durante su estancia en el centro".

La competencia para ejecutar esas penas y medidas de seguridad se otorgará a los servicios correspondientes de las comunidades autónomas.