"¿Cuántas constituciones en el mundo llevan en su seno la palabra nación? ¿Qué pasaría si cualquier autonomía pasara a definirse Estado, como ocurre en EEUU?", se preguntaban ayer fuentes del Ejecutivo de toda solvencia para argumentar lo relativo de una discusión que, piensan, acabará en acuerdo mediante enmiendas de una y otra parte para hacerlo compatible con el artículo 2 de la Constitución de 1978, el que habla de la indisoluble unidad de la nación española.

Los trabajos de la comisión mixta Congreso-Parlamento de Cataluña, en el mejor de los casos, no acabarán antes de la primavera que viene, con lo cual la aprobación del mismo por las Cortes se daría en junio o septiembre y el referéndum de aceptación en noviembre de 2006.

Y ello es así porque el legislador catalán ha enviado a Madrid un "pormenorizado relato de competencias, que es malo para Cataluña", advierten las mismas fuentes. Incluso en el objetivo, legítimo, de intentar una mejor financiación autonómica.

Y todo por las "prisas" del acuerdo de última hora de la noche del viernes, que obligan a una revisión casi obligada del articulado para ajustarlo no ya al derecho constitucional, sino al administrativo y al fiscal.

Desde el Ejecutivo se recuerdan unas palabras del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que éste es el Estado complejo que tenemos, "que obliga al pacto", para ejemplificar con qué animo se afronta la tarea. "Por mucho que el Estatuto diga o quiera decir, o el Estado quiera imponer, al final el Tribunal Constitucional es el que decide" decían las fuentes consultadas ayer.

Y, recalcando lo fútil de enzarzarse en discusiones sobre la nación, recordaban el hecho de que el propio TC ha puesto en cuestión en sus sentencias competencias del Estado en los Parques nacionales. "O sea, que somos una nación, pero no podemos tener parques nacionales", ironizaban.

El Gobierno sabe que el PP, y Mariano Rajoy en particular, van a aprovechar ese aspecto simbólico, pero sostiene que "la gente no sigue a quien dice: esto va fatal, pero no da soluciones. La gente sigue a quien templa los problemas", aunque el reto planteado por el nuevo estatuto catalán nos pone en un "momento fundacional" del Estado.

Es más, cree un profundo error que el PP se niegue siquiera a admitirlo a trámite, poniéndose en contra del 90% del Parlamento Catalán. "Eso les deja en la marginalidad política allí", aseguran estas fuentes. "Y nadie puede plantearse en serio volver a gobernar España" sin tener allí un resultado cuanto menos digno.

Así las cosas, el Gobierno estima que el principal problema del nuevo estatuto son "las prisas" que refleja la redacción final de la ponencia, fruto de transacciones y pactos de ultimísima hora.

De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero se enteró de la última oferta de CiU cuando estaba en Sevilla asistiendo a la VII Reunión de Alto Nivel (RAN), España-Marruecos, porque le telefoneó el ministro de Industria, Josep Montilla, asistente a la recta final de las negociaciones en calidad de primer secretario del PSC.

Montilla le llamó para "informarle" en la tarde del viernes, cuando aún no había luz verde al Estatut. Igual hizo Maragall, una vez ya logrado el acuerdo que se selló con la famosa foto de Maragall y Artur Mas bajo el cuadro de Antoni Tapies, pero el presidente del Gobierno no se puso al aparato.

Sin llegar a admitir que el clima entre Zapatero y Maragall no es bueno a día de hoy, desde el Ejecutivo se habla de que el texto surgido no deja de ser un "desiderátum" lleno de historiografía catalana en su preámbulo con la que justificar el reconocimiento como nación.

Las fuentes informantes aseguran que Montilla no ha quedado políticamente tocado por el hecho de ser el primer ministro del Gobierno de España que trae a las Cortes un texto abiertamente inconstitucional, ya que el texto enviado "es del Parlamento de Cataluña".

Aunque el PSOE deberá pactar con ERC o CiU las enmiendas que quiera introducir (el PP va a votar que no a todo), Zapatero cuenta con el hecho de que, si no admiten las sugerencias del PSOE, "no habrá Estatut" y son los partidos catalanes los más interesados.

DURAN Y PUIGCERCOS, BAZAS "NO MENORES"

Para ello, el jefe del Ejecutivo cree tener a su favor algunas bazas "no menores", como el hecho de que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, no es precisamente partidario de cómo ha quedado finalmente el proyecto de Estatut.

Será con él y con el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, con el que Zapatero tiene una magnífica relación, con quienes el jefe del Ejecutivo habrá de sentarse para arreglar en los próximos meses el enjambre de articulado que remite el Parlamento catalán.

De momento, va a reunir a la Ejecutiva del partido uno de los lunes próximos, en cualquier caso antes del 22 de noviembre, fecha más probable para la celebración del pleno de toma en consideración del proyecto en el Congreso.

Su objetivo es emitir una declaración que dará "muchas pistas" sobre lo que va a hacer un PSOE en el que hoy bajan las aguas revueltas a causa del polémico Estatut.

Una declaración que Zapatero no va a someter ni al Consejo Territorial del PSOE ni al Comité Federal, órgano al que pertenece Pasqual Maragall. El presidente quiere evitar una fotografía de enfrentamiento del presidente de la Generalitat con sectores del partido en Madrid y el resto de España, o ¡barones´, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuestionando por completo los trabajos del Parlament de Cataluña.

Cuando este documento salga de la ¡cocina´ de Ferraz, todo el partido sabrá a qué atenerse y el Gobierno confía en el "gran negociador" que es Alfonso Guerra, no por casualidad presidente de la Comisión Constitucional del Congreso (lo puso Zapatero en el cargo), para desarrollar una tarea similar a la que en el bienio 1977-78 desarrolló como ponente de la Carta Magna de 1978.

Según las fuentes consultadas, el presidente del Gobierno no considera que el hecho de que ahora el PSOE se vea abocado a redactar una declaración "de principios" sobre el Estatuto, como él mismo la definió ayer, sea un reconocimiento de que las cosas se han hecho mal.

A juicio de estas fuentes, no se debe interferir en la capacidad de propuesta de un Parlamento autonómico y es la lógica constitucional que ha funcionado en los últimos 25 años la que pondrá las cosas en su sitio, políticamente hablando.