Esa fue la respuesta de la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el auto en el que el juez ordena abrir varias fosas comunes e investigar a los posibles responsables.

La primera reacción de la vicepresidenta fue para subrayar que los jueces tienen "total autonomía en sus actuaciones y en el ejercicio de su función" y, a partir de ahí, Garzón merece "tanto respeto" como cualquier otro.

La posición del Gobierno ante ese auto, sentenció, es de "máximo respeto a la función jurisdiccional, al procedimiento y a los tiempos judiciales".

La vicepresidenta subrayó también que el Gobierno impulsó una ley, conocida como de "memoria histórica", que pretendía "amparar y reconocer los derechos de los españoles que no se sentían amparados ni reconocidos en algunos aspectos de su vida o de su historia familiar".

"Ese era el sentido, ningún otro, y ese sigue siendo el sentido, y ningún otro, poner fin a una etapa triste de nuestra historia, y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor y la dignidad debidos a la memoria personal, familiar y colectiva, y además hacerlo en paz y sin rencor".

Quienes pretendan ese objetivo, aseguró la vicepresidenta, "cuentan y contarán con toda la colaboración del Gobierno" y esa es la finalidad, en su opinión, que "debería ser admitida por todos".

Fernández de la Vega asegura que respeta todas las opiniones "divergentes" que se han expresado sobre este asunto, pero cree que por encima de eso "hay que ser respetuosos con el dolor de las personas que lo pasaron muy mal".