En su escrito, la Abogacía del Estado incide en que la decisión judicial conlleva, además de la suspensión de la OPA de Gas Natural, paralizar también la de E.ON, competidora de la primera.

Ahora Endesa ha solicitado al Supremo que levante dicha suspensión cautelar, algo que la Abogacía del Estado comparte, y pide también en sus alegaciones que se elimine el aval de 1.000 millones de euros impuesto a la eléctrica.

Todo ello, dice el Gobierno en sus alegaciones, "devolvería la operación económico-financiera a las manos de sus principales actores, los accionistas de Endesa, de forma que éstos puedan decidir si optan por la OPA lanzada por Gas Natural o por la OPA competidora lanzada por E.ON".

Sin embargo, la Abogacía del Estado muestra su oposición a que el Tribunal sustituya la suspensión cautelar decretada, modificándola por la suspensión de los derechos políticos o de voto de las acciones de Endesa que Gas Natural pudiera adquirir como consecuencia de la OPA.

Para la Abogacía, no cabe una decisión como ésta dentro de un proceso cautelar porque la misma carece de fundamento y porque si, siguiendo el argumento de Endesa, el peligro de generar una situación irreversible ha desaparecido a día de hoy, no cabe mantener cautelas que "perjudicarían gravemente" la posición de una de las compañías opantes.