En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra Portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que la actuación de los servicios jurídicos del Estado es distinta de la del fiscal general, aunque ambas van encaminadas a lo mismo.

El mandato del Ejecutivo está dirigido a "anular la proclamación de aquellas candidaturas" que pretendan continuar o suceder la actividad de las formaciones políticas ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, ésta última ni siquiera proclamada por las Juntas Electorales del País Vasco.

El acuerdo de Consejo de Ministros se hace en base al artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, supervisará las personaciones de la Abogacía del Estado "en nombre del Gobierno", primero contra eventuales recursos de Aukera Guztiak ante los órganos electorales y, finalmente, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, las tres marcas electorales de la izquierda "abertzale" fueron declaradas ilegales por la Sala Especial del Tribunal Supremo mediante sentencia dictada el 27 de marzo de 2003. En ese fallo, se declaraba su disolución y la cancelación de sus respectivas inscripciones en el Registro de Partidos Políticos.

Para las elecciones autonómicas del próximo 17 de abril, los dirigentes abertzales intentaron inscribir a sus candidatos bajo la marca Batasuna, pero las Juntas Electorales Provinciales no lo han aceptado.

El acuerdo del Ejecutivo ordena a la Abogacía del Estado que se persone como parte en eventuales recursos que presenten Arnaldo Otegui y los suyos, así como que intente neutralizar las listas de Aukera Guztiak, que sí han sido registradas.

NO SE CONSULTO LA MEDIDA CON RAJOY

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un día después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, exigiera al Gobierno que actuara ("espero contundencia", dijo), la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que se ha actuado para evitar un "fraude de ley".

Fernández de la Vega ha reconocido que no se consultó con el PP ni con Mariano Rajoy la personación en las causas, pero es que, dijo, no hay "nada nuevo" que comunicar. "Es la misma política que se ha venido haciendo en el marco antiterrorista. No ha habido ninguna variación", insistió, en alusión a que desde 2003 se recurre cualquier intento de los "abertzales" por saltarse la ley.

PSOE y PP, explicó la Portavoz del Ejecutivo, están "permanentemente hablando" de temas de ETA en el marco del Pacto Antiterrorista. No quiso, sin embargo, aventurar qué puede pasar cuando los tribunales decidan, pero sí dijo que el Gobierno intenta por todos los medios evitar el fraude.