El plan contempla permitir a los gobiernos regionales ampliar el plazo mínimo de 30 años a partir del cual se podrá poner a la venta una vivienda protegida (VPO).

Así lo confirmaron hoy a Servimedia fuentes gubernamentales, que recordaron que el documento que se presenta mañana en la Conferencia Sectorial es la propuesta "prácticamente definitiva" del Plan de Vivienda 2005-2008, e incluye recomendaciones de sindicatos, comunidades autónomas y agentes del sector.

De esta forma, el departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo ha decidido dar marcha atrás en su intención de mantener la consideración de VPO durante toda la vida útil del inmueble y lo mismo ha sucedido con la creación de registros públicos de demandantes estatales, iniciativas que persiguen evitar el fraude en la venta de este tipo de pisos.

Además, el nuevo Plan de Vivienda va a facilitar a los jóvenes el cambio de vivienda protegida, desde una más pequeña a otra más grande, conforme vayan cambiando las circunstancias personales, sin tener que devolver las ayudas recibidas.

En esta línea, se reforzarán tanto las ayudas a la entrada para la compra de una vivienda protegida como las dirigidas al pago de la cuota del préstamo hipotecario en este tipo de inmuebles.

En concreto, se trata de ayudas al inquilino y a la entrada en el caso de los compradores, así como subvenciones en préstamos hipotecarios. De hecho, los jóvenes suponen el 80% del total de beneficiarios de las tres medidas citadas.

De esta forma, el Ejecutivo pretende que los jóvenes no sean sólo el objetivo de las políticas de vivienda, sino también agentes activos en su diseño, seguimiento, evaluación y gestión, para lo cual el Gobierno destinará un total de 467 millones de euros en 2005 a medidas de apoyo directo a este colectivo.

ALQUILERES BARATOS

Sin embargo, el verdadero protagonista de este plan será el alquiler, a través de un programa de arrendamiento joven con un precio mensual para la juventud inferior al que existe en el mercado libre, ofreciendo a los promotores ayudas especiales tanto para la promoción como para la urbanización y la adquisición de suelo.

El nuevo Plan de Vivienda situará el precio de los alquileres en inmuebles protegidos en la mitad de lo que ahora cuesta un alquiler en el mercado libre.

Así, el precio del alquiler en todo el año no superará el 3,5% del coste del inmueble si se pusiese a la venta como VPO. Es decir, que para un piso de 100.000 euros, el alquiler no superaría los 300 euros, lo que, según los cálculos realizados por el Ministerio de Vivienda, lo situaría en la mitad de los precios del mercado libre.

Por ejemplo, un piso del nuevo Plan de Vivienda que se construya en Madrid tendrá un precio de alquiler para unos 80 metros cuadrados de 400 euros, la mitad de lo que cuesta en el mercado libre. Para 50 metros, el precio no llegará a los 300 euros.

Los requisitos para acceder a este tipo de alquileres son los mismos que los solicitados para la compra de una vivienda protegida. Así, se pretende ampliar los topes máximos desde 5,5 a 6,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), lo que amplía el abanico de posibles demandantes.

Además, el Gobierno prevé apoyar a los promotores que apuesten por construir vivienda pública para destinarla al alquiler con ayudas a la compra de suelo y otros beneficios fiscales que ya constan en el Plan de Dinamización de la economía, recientemente aprobado.

Las viviendas protegidas de alquiler no tendrán en ningún caso derecho a compra, mientras que se mantienen las ayudas directas para colectivos de bajas rentas ya fijadas en el plan de choque, consistentes en 240 euros al mes para menores de 35 años.

PRECIO TASADO

Por otra parte, el Gobierno considera que gran parte de los españoles con ingresos "medios" no puede acceder ni a una vivienda libre ni a una protegida, por lo que ha puesto en marcha un nuevo modelo de vivienda de precio concertado.

En este sentido, el nuevo plan eleva los ingresos de quienes pueden acceder a un vivienda de este tipo, con lo que podrían acceder a esta nueva tipología familias con ingresos de hasta 60.000 euros anuales.

La intención del Ejecutivo es destinar un 30% del esfuerzo inversor y de las actuaciones en construcción de vivienda pública a este nuevo tipo.

Por último, el Plan de Vivienda 2005-2008 incluirá la puesta en marcha de una Mesa Nacional de Seguimiento en la que, como novedad, estarán representadas todas las comunidades autónomas, además de los agentes sociales.

El objetivo es hacer un control exhaustivo sobre el cumplimiento de los planes, en el que, por primera vez, participarán los gobiernos regionales.