La Comisión Europea envió el pasado viernes, día 25, una carta al Gobierno con sus conclusiones preliminares sobre este asunto. Daba de plazo hasta el 4 de septiembre para contestar, pero el Ejecutivo español, según fuentes de La Moncloa consultadas por Servimedia, va a pedir una ampliación del plazo en 10 ó 12 días.

Habitualmente Bruselas no suele poner objeciones a esas peticiones y acepta la solicitud de los países. Además, desde el Gobierno español se destaca que no hay obligación de contestar a la Comisión Europea, aunque, como ya se hizo con la primera misiva, también se va a responder a ésta.

La carta enviada por Bruselas apunta que las condiciones de la CNE a E.On son contrarias a la legislación comunitaria en dos puntos: por un lado, la libertad de movimiento de capitales y de establecimiento; y, por otro, el concepto de seguridad pública.

Sobre el primer aspecto, desde el Gobierno español sostienen que no hay ningún impedimento a la libre circulación de capitales, y prueba de ello, argumentan, es que la CNE aprueba la OPA y permite a E.On comprar Endesa, amén de radicarse donde quiera.

En cuanto al concepto de seguridad pública, entendida por la CNE como la garantía del suministro, en La Moncloa afirman que hay precedentes en decisiones de la UE de decisiones favorables a los intereses planteados por España.

La propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó el pasado viernes nada más conocerse la decisión de Bruselas que "vamos a seguir manteniendo la posición que hasta ahora hemos mantenido, porque creemos que tenemos razón".