Así lo anunció hoy en el Congreso el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, que explicó ante la Comisión de Idustria, Obras Públicas y Servicios las líneas básicas del plan de vivienda del Gobierno para el período 1991-96, que prevé la oferta de 460.000 viviendas en los próximos cuatro años.

Según Borrell, los 150.000 millones restantes necesarios para financiar las 100.000 actuaciones protegibles en materia de vivienda previstas para 1992 serán solicitados a la Corporación Bancaria Española (CBE).

El ministro denunció y lamentó la escasa participación de las cajas de ahorros en política de vivienda, ciando el caso de las cajas catalanas, de las que dijo que "no ponen una sola peseta para vivienda".

Borrell insistió en que la tendencia de los últimos años, en los que la banca pública ha llevado el mayor peso de la política de vivienda, debe cambiar y abrirse hacia una mayor participación de las cajas de ahorros, que "son las que tienen vocación social".

Manifestó que aún no hay comprometidos créditos con las entidades financieras, porque antes el Gobierno tiene que aprobar el decreto sobre actuciones protegibles que actualmente está elaborando, al tiempo que expresó su convencimiento de que conseguirán el dinero necesario. El plazo para comprometer estos créditos acaba a finales de este año.

Para 1992, el ministerio dispone de un total de 6.000 millones de pesetas para la concesión de ayudas que faciliten el acceso a la vivienda. El presupuesto total que el Estado destinará al plan de vivienda para los próximos cuatro años es de 300.000 millones de pesetas.

EXPROPIACION DE SUELO

El rsponsable de Obras Públicas insistió en que la nueva política de vivienda debe dirigirse hacia donde estén las mayores necesidades, concretamente a los grandes centros urbanos y a los jóvenes. Aseguró que el ministerio sólo concederá ayudas a aquellas comunidades autónomas que aporten suelo a precio tasado para construir viviendas.

En los casos en que el suelo urbanizable no se convierta en urbanizado en el plazo previsto en la legislación, explicó, el poder público deberá intervenir expropiando ese selo al precio que tenía antes de ser recalificado. A su juicio, "sólo así se da una base sólida a esta política de vivienda".

Denunció la retención artificial de suelo urbanizable que existe en España, principalmente en Madrid, "soltándolo con cuentagotas para mantener elevados sus precios", y aseguró que en la capital de España hay calificado suelo urbanizable como para atender al doble de las necesidades de vivienda existentes.

REFORMA DEL "DECRETO BOYER"

Volvió a insistir en que la nueva leyque elabora el Gobierno para reformar el denominado "decreto Boyer" sobre alquileres, de la que dijo que no será aprobada por el Parlamento antes de la primavera, no tendrá carácter retroactivo y sólo afectará a los contratos que se realicen después de su aprobación. Por ello, afirmó que "nadie debe estar asustado por una posible modificación de las condiciones de los alquileres en curso".

En cuanto a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, señaló que la reforma de las condiciones de ls contratos vigentes actualmente necesita el consenso político de todos los grupos parlamentarios, ya que "es una decisión de extraordinaria importancia que beneficia a unos y perjudica a otros". Aseguró que cuando se realice esta reforma se hará sin crear ninguna necesidad a nadie ni situaciones traumáticas.

Borrell alertó también del gran riesgo de las viviendas a precio tasado, cuya oferta está prevista en el nuevo plan de viviendas, que es el de escriturar a un precio y vender a otro. "Algún notaro no tiene escrúpulos para apuntar precios distintos a los reales", añadió, al tiempo que expresó su duda sobre la fiabilidad del actual sistema de registro de las transacciones inmobiliarias y se preguntó sobre la necesidad de modificarlo.

Añadió que esto es competencia del Ministerio de Justicia e insistió en que es necesario controlar el precio real de las transacciones de viviendas, ya que no "podemos regalar dinero a través de ayudas a quien no lo necesita".

En cuanto a la sentencia del Tribnal Supremo que declara nulo el plan de vivienda aplicado por el Gobierno desde 1989, aseguró que no tiene efectos retroactivos y no afecta a las ayudas concedidas hasta su publicación oficial. Añadió que han interpuesto un recurso de revisión para que el tribunal reconsidere la sentencia.