Estos datos fueron facilitados hoy por la directora general de la Vivienda, Cristina Narbona, en los pasillos del Congreso de los Diputados, después de la comparecencia del Ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Transportes.

Borrell intervino en el Congreso para explicar la marcha del Plan de Vivienda 1992-95 y de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). E ministro pidió el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible en esta reforma, sobre todo en lo relativo a los alquileres de renta antigua (anteriores a 1964).

El ministro aseguró que se cumplirán ampliamente los objetivos del Plan de Vivienda para este año, pero advirtió que la Comisión de Control y Seguimiento del Plan aprobará a finales de octubre una redistribución de los recursos disponibles y retirará la financiación a algunas comunidades que no están cumplendo los objetivos.

Para este año, el Plan de Vivienda prevé 106.001 actuaciones protegibles (79.470 en materia de vivienda y 26.531 en suelo). Según los datos del ministerio, al 31 de agosto se habían solicitado 110.483 ayudas, de las que se han calificado 71.880, lo que supone un 67,8 por ciento del total de actuaciones previstas en 1992.

Algunas comunidades autónomas, como la de Valencia y Castilla-La Mancha, ya han calificado provisionalmente ayudas por encima de las previsiones, mientras queotras están muy por debajo de los objetivos. Tal es el caso de Cantabria, donde sólo se han presentado 600 solicitudes de ayuda a la vivienda, de las que se han calificado 137, sólo un 6,5 por ciento de las 2.110 actuaciones previstas en esta región.

Borrell señaló que la retirada de la financiación prevista a las comunidades que no cumplan sus objetivos para asignársela a otras donde la demanda de ayudas ha superado las previsioens creará conflictos y tensiones, pero insistió en que "no podemos dejarrecursos ociosos y no atender a las demandas solventes de ayudas existentes en otras comunidades".

FINANCIACION DEL PLAN

En cuanto a la financiación del Plan de Vivienda, Borrell dijo que de los 440.000 millones convenidos con las entidades de crédito para financiar créditos a la vivienda este año, al 25 de septiembre ya habían aportado 320.000 millones.

El ministro aseguró que aunque los Presupuestos Generales del Estado para 1993 sean restrictivos, habrá suficientes recursos del Estado para grantizar la ejecución de las actuaciones previstas para el próximo año en el Plan de Vivienda.

También confirmó que se mantendrá el compromiso de inversión en infraestructuras del Plan de Convergencia del 5 por ciento del PIB. Explicó que las prioridades para el próximo año serán las inversiones en cercanías y en obras hidráulicas, que aumentarán más que las destinadas a otras partidas.

En cuanto a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Borrell no garantizó que se vaya a cumplir el comprmiso del Gobierno de que entre en vigor antes de que finalice la actual legislatura, aunque señaló que es posible.

El ministro se comprometió a estudiar todas las propuestas formuladas hoy sobre esta materia por los distintos grupos parlamentarios y accedió a mantener una reunión con ellos una vez que se conozcan los datos de una encuesta encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los efectos que tendría en la sociedad el último borrador del anteproyecto de reforma de la LAU elaboado por el Gobierno.

Borrell aseguró que esta reforma no creará ninguna situación de necesidad en las personas que tienen contratos de alquiler de renta antigua y que su objetivo es "ir modificando gradualmente una legislación muy poco eficiente y justa, pero evitando que se produzcan situaciones de indefensión y que se rompan las condiciones contractuales en vida de los titulares de los contratos".

El diputado del PSOE Jenaro García-Arrecio propuso al ministro llevar a cabo una primera actualizaión de los alquileres de renta antigua y luego aplicarles una subida anual igual al IPC. Para los inquilinos que no pudieran hacer frente económicamente a esa subida de la renta, García-Arreció pidió el establecimiento de ayudas directas del Estado. Borrell señaló que estudiaría la propuesta.