Partiendo de la premisa de que erradicar la pobreza es una prioridad de todos los partidos políticos, la Congde inició conversaciones con todos los grupos parlamentarios hace un año, coincidiendo con las movilizaciones internacionales en favor de la campaña "Pobreza Cero".

El objetivo de la negociación era, además de establecer una serie de objetivos compartidos por todos, fijar una serie de prioridades con carácter de pacto de Estado, cuya vigencia no dependa de los vaivenes electorales.

Este pacto se enmarca dentro de la campaña "Pobreza Cero", que impulsa el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU para 2015 y se centra en tres ejes: mejorar la ayuda oficial al desarrollo y lograr que se destine el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto a cooperación internacional; lograr un sistema comercial más justo que permita el desarrollo de los países pobres, y un mejor trato y reducción de la deuda externa.

El contenido del documento fue pactado en un principio por los dos grandes partidos con posibilidades de acceder al Gobierno, PSOE y PP, y sin cuyo acuerdo el documento quedaría convertido en "papel mojado". El resto de los grupos se adhirieron también al acuerdo, cuya presentación pública está prevista para la próxima semana.

El texto acordado reconoce que existe "un imperativo ético, social, político y económico de lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo". Con ese fin, España ha asumido "una larga serie de compromisos", entre los que se encuentran los "Objetivos de Desarrollo del Milenio", que "constituyen un marco apropiado para avanzar, en el medio plazo, en la erradicación de la pobreza".

Reconoce que el cumplimiento de dichos objetivos requiere de un esfuerzo sostenido por parte de la comunidad internacional. El documento indica que el esfuerzo solidario realizado por España "es fruto del trabajo realizado en diferentes legislaturas", "patrimonio común de los españoles y españolas" y consecuencia directa del "acuerdo político y de la movilización ciudadana".

INTERESES POLÍTICOS Y COMERCIALES

Los partidos firmantes reconocen la necesidades de "actualizar" sus compromisos programáticos y electorales en materia de cooperación. Además, apuestan por la democracia como "condición indispensable" para lograr un verdadero desarrollo y por "convertir la política de cooperación en una política de Estado, no condicionada por intereses comerciales, políticos ni económicos de gobierno".

Se comprometen, asimismo, a "reforzar el liderazgo de la Comisión de Cooperación del Congreso" y a promover la necesaria coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local".

Entre los compromisos adquiridos figuran el de "no utilizar la acción humanitaria como herramienta subordinada a la política exterior, y cumplir los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad de la acción humanitaria", que obliga en especial al Gobierno.

CALENDARIO ANUAL

El primero de los objetivos debe ser el de lograr que, en el año 2012, las administraciones públicas destinen ya el 0,7 por ciento del PIB a ayuda al desarrollo.

Asimismo, se establece una exigencia genérica para que el 20 por ciento de la ayuda al desarrollo se dedique a garantizar los servicios sociales básicos y para que, en 2015, al menos un 25 por cien se destine a los países menos adelantados del África subsahariana.

Además, el objetivo es que la cooperación reembolsable no supere el 5 por ciento del total de ayuda al desarrollo y que al menos otro 5 por ciento de los recursos canalizados a través de ONG vayan a proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización Ciudadana.

El canje de deuda será gestionado, según el acuerdo, con "la máxima transparencia" y se realizará "garantizando la participación de la sociedad civil". Además, "los programas de conversión deberán avanzar en la desvinculación de la promoción de inversiones de empresas españolas".

Igualmente, se buscará una solución a los casos de deudas contraídas por los Estados y que "hayan sido originadas en proyectos empresariales fallidos, que no hayan respetado los derechos humanos, que hayan provocado desastres ambientales, que haya sido desarrollados sin tener en cuenta el interés general, o que haya evidencias de mal uso de los créditos por parte de sus gestores".

Se establecerán unos principios para la prevención de nuevo endeudamiento, lo que implicará la reforma legal de los créditos FAD y de la sociedad de seguros del crédito a la exportación Cesce. Esta reforma deberá "presentarse en el Congreso dentro de la presente legislatura, y tramitarse en el primer año de la próxima".

REGULAR LA RSC

Además, se establece el compromiso de regular normativamente los criterios de Responsabilidasd Social Corporativa (RSC) exigibles a los actores de la cooperación cuando gestionen recursos económicos públicos.

En el resto de normativa que se prepare sobre RSC se tendrán siempre en cuenta las acciones de las empresas españolas en el exterior.

En materia fiscal, se establece la necesidad de hacer reformas para que "los donativos y las contribuciones de las personas físicas a las ONGD puedan deducirse, al menos, en los mismos términos y porcentajes que en el caso de las personas jurídicas" y que los porcentajes aumenten "al menos al 35 por ciento".

Se incluyen también reclamaciones históricas de las ONGD como el desarrollo del Estatuto de los Cooperantes, o la prohibición de utilizar la ayuda al desarrollo "para compensar el exceso de emisiones de CO2 que se producen en España".

El documento concluye con el compromiso de los partidos de garantizar el cumplimiento de estos principios en todas las adminitraciones en las que gobiernen y de crear una comisión que vigile el cumplimiento del presente acuerdo.

AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES

El Parlamento andaluz fue el primero en aprobar una moción a favor de la firma de este pacto. En 1996 hubo un acuerdo similar, el denominado Pacto por la Solidaridad, cuyo fin era lograr que se destinara el 0,7 por ciento del PIB a la cooperación internacional, tras las movilizaciones sociales que reclamaban ese compromiso, aunque en aquella ocasión el objetivo no se cumplió.

Las ONG pretenden extender la firma de este acuerdo a los ayuntamientos y a las autonomías con el objetivo de ir creando una conciencia solidaria.