Según Acebes, esta reforma tiene como centro de actuación al ciudadano que podrá acceder, a partir de su entrada en funcionamiento, a un servicio "más ágil, más rápido, más eficaz y más moderno".

El exto será debatido esta tarde en el Pleno del Congreso en forma de proposición no de ley que más tarde se transformará en una proposición de ley que se aprobará dentro de unas semanas.

El Gobierno se mostró "satisfecho" por la unanimidad conseguida en la aprobación de la Carta que ha sido fruto de un trabajo "exahustivo, riguroso y serio" realizado por la Ponencia y cuyos resultados se han presentado hoy en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto para la Reforma de la Justicia.

Acebes gradeció también las aportaciones de sindicatos, colegios profesionales y personas relacionadas con el funcionamiento de la Justicia. Esta carta es, además, "el marco idóneo para otras reformas en las que se está trabajando".

Según indicó, las reformas aprobadas "son posibles" y su cumplimiento depende del "compromiso de todos" los que intervienen en la Administración de Justicia. La reforma acordada hoy implica nuevos sistemas de trabajo y organización y aportaciones económicas que "están contemplada".

La Carta de Derechos del Ciudadano contempla estudios pormenorizados sobre lo que ocurre en "cada juzgado de España", el establecimiento de calendario de tiempos para cada proceso judicial, o el conocimiento previo por los ciudadanos del coste de los procesos tanto si ganan como si pierden.

Asimismo, el ministro aseguró que ya hay partidas presupuestarias para este año que contemplan la modernización de los equipos informáticos y la incorporación de nuevas tecnologías a los juzgados.

Iguamente, la Carta hará especial hincapié en los derechos de los más desprotegidos, como las víctimas de la violencia doméstica, menores y discapacitados.

UNANIMIDAD

Tras Acebes intervinieron los portavoces de todos los grupos representados en la Cámara. En nombre del PSOE, Diego López Garrido, reconoció que la justicia en España es "lenta, funciona de forma ininteligible en ocasiones, es cara, intimidatoria e incómoda".

Por ello, la Carta de Derechos transmite a los ciudadanos que "pueden y debenexigir que la justicia sea cercana, ágil, respetuosa, que tenga medios para atenderles y que los más débiles tendrán las mismas oportunidades que los demás ante los ciudadanos". Y para ello indicó que es necesario el compromiso de todas las instancias jurídicas y políticas para hacer "un seguimiento" constante de que estas condiciones se cumplan.

Según la diputada del PNV Margarita Uría destacó que esta carta es "un auténtico catálogo de derechos" y que "obliga desde ya" a todas las instancias judiciaes y poderes públicos.

Para el diputado del PP Andrés Ollero los trabajos realizados se traducen en "un doble compromiso y una toma de conciencia". El compromiso es el de los propios diputados que se comprometen a hacer un seguimiento del cumplimiento de la Carta y de las instituciones judiciales por aplicarla. Además, supondrá la toma de conciencia de los ciudadanos de que pueden exigir ser tratados bajo ciertas condiciones.

En nombre de CiU, Manel Silva dijo que con esta reforma se ha tratado d romper con la maldición histórica de "tengas pleitos y los ganes" y de que "deambular por los juzgados no sea una maldición".

Para el portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón, recordó que políticos y jueces son los sectores peor valorados por la ciudadanía, pese a lo cual admitió que "la criatura ha salido bien" y pidió a toda la sociedad que "ponga a prueba el coche porque si no, no va a saber que va a dar de sí".

Según la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, destacó los beneficios que sobe la eficacia de la justicia tendrá este acuerdo. EA entiende esta Carta de Derechos como un punto de partida de otras reformas que permitan modernizar todo el sistema judicial español.

Luis Mardones, de Coalición Canaria, argumentó que a los ciudadanos hay que reconocerles, al menos, lo que les reconocen las empresas privadas, que es "una ventanilla de reclamaciones, quejas y sugerencias", y, por ello, dijo sentirse "satisfecho" por la unanimidad alcanzada.

Todos ellos insistieron en la necesida de hacer un seguimiento estrecho de la aplicación de la Carta mediante la colaboración de todas las instancias públicas implicadas y de los ciudadanos que deben exigir su cuplimiento.