El Gobierno, que aprobó estas pensiones para los emigrantes antes de la convocatoria d elecciones de este año, ha concedido hasta ahora 10.005 pensiones no contributivas a jubilados que residen fuera de España y que no tienen derecho a una pensión de la Seguridad Social.

Sin embargo, la medida ha provocado que otros 8.000 emigrantes presentaran otras tantas solicitudes, que son las que ahora se intentan satisfacer.

La concesión de las pensiones no contributivas a emigrantes ha sido una reivindicación planteada por el Consejo General de la Emigración y que fue asumida por la Direccón General de Migraciones. Con anterioridad, existían unas ayudas asistenciales de las que se beneficiaban un menor número de personas.

El cobro de estas pensiones está planteando ciertos problemas a la hora de establecer su cuantía, que nunca superará las 35.000 pesetas que cobran los beneficiarios de estas mismas pensiones en España.

La necesidad de ajustar la cantidad de la pensión a las monedas del país de residencia del beneficiario, así como al nivel de vida de dicho país, está provocando cmplicadas operaciones aritméticas, informaron las citadas fuentes.