Según informó hoy la Delegación del Gobierno, estas actuaciones son resultado de la vigilancia y presión policial que se está ejerciendo sobre los lugares de venta y consumo de drogas ubicados en zonas donde existen discotecas, bares, pubs y otros centros de reunión de gran número de jóvenes, como la plaza de Dos de Mayo o las cales Orense y Princesa.

Estas medidas sancionadoras se fundamentan en la Ley de Protección Ciudadana, que tipifica como infracción grave el tráfico o consumo de sustancias estupefacientes en locales públicos y prevé como medida cautelar el cierre de los mismos por un periodo de tres meses, ampliable a seis una vez sea firme la resolución del expediente. Igualmente, prevé sanciones económicas que oscilan entre 50.000 pesetas y un millón.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de Segurida Ciudadana, más conocida como la "ley Corcuera", el 13 de marzo de este año, la Delegación del Gobierno en Madrid ha tramitado 125 expedientes sancionadores por tráfico y consumo de estupefacientes en lugares públicos.

Durante 1991, esta delegación procedió al cierre cautelar de 21 establecimientos públicos por tráfico y consumo de drogas. Según la representación del Gobierno en Madrid, la lucha contra el tráfico de drogas es una de las principales medidas para mejorar los índices de seguridad ciudadaa.