Esta es una de las principales recomendaciones de la Comisión presidida por Enrique Aldama para estudiar el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados financieros, cuyo informe presentó hoy al ministro de Economía el propio Aldama.

El informe, realizado en tan sólo cuatro meses, opta por dejar a las sociedades que se organicen y se autorregulen libremente, sin entrar en cuestione tan debatidas como la separación de funciones o no entre el presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo o si es conveniente o no fijar una edad máxima de jubilación para los consejeros.

Aldama señaló en el acto de presentación de conclusiones que "la autorregulación se apoya en dos pilares, que son el marco ético de la dirección de empresas y el principio de transparencia".

En consecuencia, la Comisión Aldama propone que sean obligatorias para las empresas tres cuestiones, conlas que el vicepresidente Rato se mostró de acuerdo.

EXIGENCIAS

En primer lugar, las sociedades cotizadas en Bolsa deberán dar cuenta públicamente de "los deberes básicos de información y transparencia en materia de gobierno corporativo, comprendiendo la obligación de dar una explicación razonada de la desviación, por parte de la sociedad, respecto de las recomendaciones de buen gobierno o de los propios criterios que en esta materia haya adoptado y publicado, así como en materia de información finaciera y de gestión".

En segundo lugar, el Gobierno regulará "la definición y régimen de los deberes de lealtad y diligencia" de los consejeros y directivos, "más allá de la actual 'diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal' (artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas), especialmente en el ámbito de los conflictos de interés, tanto en las sociedades cotizadas como en los restantes agentes del mercado", es decir, auditores, analistas financieros, bancos de inversión o agencias d calificación.

Por último, el Gobierno impondrá a las sociedades "un conjunto de disposiciones en materia de gobierno corporativo que comprendan, al menos, lo que a lo largo de este Informe se ha considerado propio de un Reglamento del Consejo de Administración, así como de un Reglamento de la Junta General, integrando o complementando, según se estimara procedente, los Estatutos sociales".

Rato subrayó que, por primera vez en la historia, las cuestiones de buen gobierno de las empresas, tras losescándalos contables de gigantes como la estadounidense Enron, "han tenido unos efectos claros y determinantes en el comportamiento de los mercados bursátiles y en los mercados de capitales mundiales, y por lo tanto han tenido repercusiones en la marcha de la economía mundial".

El ministro añadió que la comisión tiene el mérito de "haber abordado los problemas desde una perspectiva distinta de la que se está planteando a nivel mundial, no necesariamente diferente, pero sí distinta; desde una perspectia pegada a nuestro terreno, a nuestra realidad, a la realidad de la empresa española".