Así se recoge en el anteproyecto de ley de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y que se dará a conocer a las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial que se celebra mañana y el sábado en Santa Cruz de Tenerife.

Según explicó a los periodistas el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, el objetivo es presentar a consulta el proyecto en la Conferencia Sectorial y, a partir de ahí, intentar que este mismo año sea aprobado en el Congreso.

"Es una ley urgente", señaló, ya que la calidad del aire en las ciudades se ha convertido en una gran preocupación, tanto por la concentración de partículas y de ozono como por los óxidos de nitrógeno.

La nueva norma servirá para garantizar que se cumplen los objetivos de calidad del aire en las grandes ciudades y para actualizar el marco normativo actual vigente desde 1972. "Será un marco normativo más amplio y coherente", indicó.

El documento previsto incluirá un listado de las actividades más contaminantes y aquellas que deberán ser objeto de autorización. También establecerá la posibilidad de que el Gobierno controle la emisión de ciertos instrumentos no industriales como los vehículos o la maquinaria.

Por otra parte, las comunidades autónomas estarán obligadas a medir la calidad del aire en los territorios y a establecer un mapa por zonas de acuerdo a los niveles de contaminación. Si se superan los niveles deberán elaborar Planes de Mejora, que estarán vinculados al planteamiento urbanístico de la región.

De este modo, una zona con un alto nivel de contaminación no podrá dar vía libre a un nuevo proyecto residencial o de nuevas infraestructuras de transporte que eleven aún más los niveles de contaminación.

Aizpiri reconoció que la situación actual de partida en la mayoría de las ciudades y zonas industriales es de muy baja calidad del aire. Señaló que los problemas afectan tanto a la presencia de partículas como de óxido de nitrógeno y de concentración de ozono.

"Casi todas las grandes ciudades -más de 500.000 habitantes- tienen problemas", aseveró, "y tendrán que elaborar estos planes de mejora".

LEY DEL RUIDO

En materia de calidad y evaluación ambiental la Conferencia Sectorial también abordará dos decretos que desarrollan la ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) y el reglamento para la aplicación de la ley del Ruido.

La primera de ellas incorpora normas concretas sobre el suministro de información de las industrias a las administraciones, sobre todo a efectos de elaborar un Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes.

Asimismo, el reglamento de la ley del Ruido incorporará medidas preventivas y correctivas de los problemas que causa el ruido en la calidad de vida de los ciudadanos. Incluirá la elaboración de mapas estratégicos del ruido, estableciendo zonificaciones acústicas que tengan en cuenta las actividades económicas y la proximidad a la población.

"Cada zona estará clasificada de acuerdo a los usos para los que puede estar concebido", señaló Aizpiri. Esto supondrá que no se puedan planificar nuevos desarrollos residenciales en zonas donde ya se superen los niveles de ruido.

CALIDAD DEL AGUA

La Conferencia Sectorial también analizará dos proyectos sobre la reutilización de aguas depuradas y de modificación parcial del reglamento del dominio público hidráulica. También otro más sobre los avances en la elaboración del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

En materia de agua, el director general Jaime Palop fue el encargado de desgranar en rueda de prensa los distintos proyectos que abordará la Conferencia Sectorial. Entre todos ellos se refirió a la regulación de las aguas subterráneas, una cuestión cuyo eje principal será potenciar las Comunidades de Usuarios de estas aguas y cooresponsabilizarlas de su gestión.

Según dijo, las aguas subterráneas son "un recurso fundamental" gracias al cual subsisten multitud de localidades en períodos de sequía. Añadió que un tercio de las poblaciones beben habitualmente de aguas subterráneas y un millón de hectáreas son también regadas gracias a este recurso natural.

Frenar la sobreexplotación de acuíferos, que ahora pasarán a denominarse masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado, será uno de los objetivos prioritarios. Para ello, aseveró, se recurrirá a la expropiación y a la compra de derechos y se instará a cambiar los sistemas agrícolas de la zona.