"Con estas iniciativas se asegura que los años venideros tendrán la disciplina presupuestaria necesaria para convertir el déficit en historia, en pasado", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

"Es un día importante porque empieza en España una nueva etapa de esabilidad presupuestaria que garantiza el crecimiento prolongado de nuestra renta, bienestar y empleo", continuó.

Montoro aseguró que, en un país tan descentralizado como España, era preciso contagiar la iniciativa de la disciplina presupuestaria desde el Gobierno central a todas las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y municipales que, además, podrán así rebajar sus niveles de deuda pública. "Se trata de una caja fuerte para guardar el equilibrio", enfatizó.

La Ley de Estabiidad Presupuestaria obliga a todas las administraciones públicas a elaborar sus cuentas sobre la base del "déficit cero". En caso "excepcional" de déficit, deberán presentar al Consejo de Política Económica y Fiscal un plan corrector para paliar esta situación en un máximo de 3 años. El Gobierno central se guarda la posibilidad de manejar la concesión de deuda pública para los que incurran en déficit.

Además, se crea un fondo de contingencia del 2% del gasto general del Estado que supondrá el límite d endeudamiento. Este fondo se destinará a atender necesidades no previstas en el presupuesto, incluidas las modificaciones de crédito. El seguimiento del cumplimiento de la ley será realizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será reformado precisamente a este efecto.

A pesar de que la nueva ley cuenta con el beneplácito, por unanimidad, del Consejo de Estado sobre su constitucionalidad y respeto a las competencias de los gobiernos autonómicos, el PSOE y algunas comunidades autonómascomo Cataluña ya han mostrado su protesta porque se les obligue al equilibrio presupuestario por ley sin conocer previamente el sistema de financiación autonómica y local con el que contarán en los próximos años.

De hecho, las comunidades gobernadas por el PSOE ya han anunciado que recurriran ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno les impone el actual texto de la ley.