Representantes de estas organizaciones manifestaron, después de entrevistarse con Eguigaray y altos cargos de los Ministerios de Justicia y de Relaciones con las Cortes, que el texto del anteproyecto es constitucional y respecta los convenios del Consejo de Europa y las directivas de la CE sobe estas materias.

Las asociaciones presentes en la reunión fueron OCU, UCE, la Asociación General de Consumidores, la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, y la Unión Cívica Nacional de Amas de Hogar de España y la Federación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

No obstante, estas organizaciones formularon tres recomendaciones para "mejorar" la ley, que fueron acogidas muy favorablemente por Eguiagaay, según manifestó el ministro en rueda de prensa.

Las dos primeras recomendaciones apuntan a la creación de un Comité Consultivo de la futura Comisaría de Protección de Datos y a establecer el derecho de las organizaciones de consumidores a presentar denuncias ante dicho organismo en representación de sus asociados o de particulares.

La tercera recomendación pretende establecer la nulidad de las cláusulas incluidas en algunos contratos de adhesión, por las que el titular autoriza a utilizar susdatos personales. El representante de la UCE, Bernardo Hernández, puso a las tarjetas de "American Express" como ejemplo de este tipo de irregularidades.

"MALA LECTURA"

Por su parte, Eguiagaray confirmó que el comisario para la Protección de Datos será nombrado por el Gobierno, si bien indicó que todavía no se ha determinado a qué ministerio estará adscrito.

Este comisario, añadió, tendrá el mayor grado posible de independencia respecto al Ejecutivo y, en todo caso, no será la última instancia ara reclamar contra el empleo abusivo de datos personales, ya que siempre quedará la posibilidad de recurrir al Defensor del Pueblo y a los tribunales.

Eguiagaray atribuyó a una "mala lectura" del anteproyecto las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas por la Comisión de Libertades e Informática (CLI) que, a su juicio, responden a una "visión sesgada sobre el contenido, el ámbito y las características de la ley".

Explicó que lo que no puede hacer esta norma es prohibir en todo caso la entega voluntaria de datos personales sobre convicciones religiosas o ideológicas porque eso supondría, por ejemplo, la imposibilidad de mantener los archivos de las parroquias de todas las confesiones.

Aseguró que la ley irá más allá de lo establecido por la Constitución, al abordar cuestiones como la confidencialidad de los historiales médicos de las personas, que estarán protegidos por esta norma.