EL GOBIERNO NOMBRA A 26 ALTOS CARGOS Y APRUEBA EL NUEVO ORGANIGRAMA DE OBRAS PUBLICAS
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El Consejo de Ministros aprobó hoy el nombramiento de 26 altos cargos de la Administración, dentro de una amplia remodelación que afectó sobre todo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al de Trabajo y Seguridad Social.
El Gobierno dio el visto bueno al equipo presentado por el ministro de bras Públicas, José Borrell, encabezado por Antonio Llarden Carratala, nuevo subsecretario de este departamento. Los restantes nombramientos incluyen a cinco secretarios generales y cuatro directores generales.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destaca el nombramiento de Carlos Navarro como subsecretario, cargo en el que sucede a Segismundo Crespo, después de que éste pasara a ocupar la Delegación del Gobierno en Madrid.
También han sido nombrados Jesús Arango como secretario genera de Empleo; Francisco González Lena, secretario general técnico; Ramón Salabert, director general del INEM; Soledad Cordoba, directora general de Trabajo; Pedro Maestre, director general de Informática y Estadística; y Juan José Barrera, director general de Cooperativas.
Los restantes nombramientos corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda (2), Educación y Ciencia (2), Cultura (2), Industria (1), Defensa (1) y Agricultura (1).
MAS JUZGADOS
Por otra parte, el Consejo de Ministros autoriz la constitución de 40 juzgados de primera instancia, 2 juzgados de instrucción, 49 juzgados de primera instancia e instrucción, 10 juzgados de lo Social, 2 juzgados de Menores y 1 de Vigilancia Penitenciaria.
Asimismo, aprobó la dotación de 3 plazas de magistrado para las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 4 plazas de magistrado para las Salas de lo Contencioso-Administrativo y 24 plazas de magistrado para las Salas de lo Social de determinados Tribunales Superiores de Jsticia, además de 51 plazas de magistrados de distintas Audiencias Provinciales.
CONTAMINACION
Otro decreto aprobado hoy por el Gobierno tiene por objetivo equiparar el ordenamiento jurídico español a la directiva de la CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
La medida se refiere a tres contaminantes (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas) e incidirá especialmente sobre las centrales léctricas y las refinerías. Las centrales eléctricas emiten el 90 por cien del dióxido de azufre liberado a la atmósfera.
(SERVIMEDIA)
19 Abr 1991
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