En sus argumentos, el Gobierno esgrime que los Paradores de Turismo "en su conjunto y como unidad de explotación de la cadena, es un instrumento unido a la promoción exterior del turismo del Estado español, cuya competencia corresponde en exclusiva al Gobierno".

El ejercicio de esta actividad empresarial por el Estado, añade el Ejecutivo, "no supone una invasión en el ámbito competencial de turismo de las comunidades autónomas, ya que la titularidad patrimonial de la explotación no es título habilitante de competencias de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional".

La respuesta parlamentaria subraya que un "desmembramiento de la red supondría la pérdida de la posibilidad de alcanzar el objeto de la propia red de Paradores, al viciar el principio de unidad de explotación".