El ministerio de Justicia continuó sin querer pronunciarse sobre la entrevista mantenida el pasado 27 de abril por el fiscal general y José Amedo, ni el estado en el que s encuentra la tramitación del indulto. Sin embargo, las fuentes consultadas descartaron la posibilidad de que el Gobierno haya anunciado a los ex policías que les indultará el próximo mes de junio.

De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno, antes de tomar una decisión sobre la concesión de cualquier medida de gracia, debe recabar, a través del ministerio de Justicia, informes previos a la dirección de la prisión del solicitante, a la fiscalía y al tribunal que estableció la condena, aunque sus scritos no son vinculantes a la hora de decantarse a favor o en contra del indulto.

En el caso de los ex policías, el director de la prisión de Guadalajara emitió un dictamen favorable sobre el comportamiento de ambos presos en el recinto. Este informe fue remitido a la Fisaclía General del Estado, donde el asunto se encuentra paralizado desde hace casi un año.

El fiscal general, Eligio Hernández, reconoció ayer que el informe no estaba ni siquiera redactado y que debería contar antes con la opinón de la fiscalía del Tribunal Supremo, mientras que fuentes de la fiscalía aseguran que el escrito está guardado desde hace mucho tiempo en un cajón de su despacho.

Las mismas fuentes atribuyeron el retraso del fiscal a que, en su día, Hernández esperaba una posible negociación Gobierno-ETA para dar a conocer su parecer sobre el indulto de los ex policías. Ahora, con la convocatoria de las elecciones, el informe reclamado supone una "patata caliente" para el fiscal general, que ha dejado entrever quepodría ser su sucesor quien finalmente firmara el escrito.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo, que fue quien confirmó la sentencia condenatoria de ambos procesados y reconoció al Estado como responsable civil subsidiario de sus acciones, no podrá dar a conocer su opinión hasta que no conozca la actitud de la fiscalía.

Sobre este aspecto deberán pronunciarse los magistrados que firmaron la resolución: el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo; el ponente, José Augusto de Vega, que fomuló voto particular contra la responsabilidad del Estado; Ramón Montero, Gregorio García Ancos y Martínez Pereda.

La legislación no prevé un plazo concreto para la presentación de estos díctamenes y sólo los solicitantes del indulto, en este caso los sindicatos policiales, pueden protestar ante un eventual retraso en su tramitación.