Fuentes gubernamentales trasladan que no ha habido ningún sesgo político a la hora de asignar los fondos europeos a las comunidades autónomas, ante las críticas del PP y la denuncia en los tribunales de la Comunidad de Madrid por considerar que nueve millones se han repartido de forma arbitraria.

Desde el Gobierno explican que se han celebrado 59 conferencias sectoriales en las que se sienta el Ejecutivo con las comunidades para acordar el reparto y que no ha habido votos en contra. No obstante, indican que unos 2.000 millones de euros se han asignado fuera de ese marco para proyectos considerados emblemáticos.

Manifiestan no estar preocupados por el recurso judicial del PP y la advertencia de que podrían llevar el reparto a Bruselas y aseguran que el plan de recuperación se sigue ejecutando.

En cualquier caso, inciden en los controles que existen sobre los fondos, además de las visitas cada tres meses de representantes de la Comisión Europea.

El control se ejerce por parte de los propios gestores -ministerios, comunidades autónomas, por ejemplo-, que deben volcar una serie de datos en un sistema informático y a su vez se da acceso a los mismos a los órganos de control de la Unión Europea. Además, se lleva a cabo una supervisión por parte de organismos como la Intervención General del Estado (IGAE), y se hacen auditorías expost.

A ello se suma que todas las entidades ejecutoras tienen que elaborar planes antifraude para garantizar que no ha habido apropiación indebida de fondos, así como pasar un sistema de control con inteligencia artificial y cruce de bases de datos para detectar conflictos de interés.

Las citadas fuentes insisten en que las autoridades europeas están permanentemente supervisando los fondos.

En 2021 se repartieron a las comunidades autónomas 11.247 millones de euros para ejecutar, el 45% de los 24.200 millones presupuestados para ese ejercicio. Andalucía (1.916 millones), Cataluña (1.579) y Comunidad de Madrid (1.213) fueron las que más recibieron. Les siguieron Comunidad Valenciana (1.055), Castilla y León (742) y Galicia (681).

Como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer semestre de este año se van a abrir 170 convocatorias para canalizar 17.000 millones de euros.

Además, España solicitará el siguiente pago a las autoridades europeas por importe de 12.000 millones de euros, el mayor de la serie, correspondiente al cumplimiento de hitos del segundo semestre de 2021 en el que se encuadra la reforma laboral.

Precisamente sobre su tramitación en el parlamento, ante las peticiones de cambios por parte de los grupos nacionalistas, desde el Gobierno trasladan que la Comisión Europea ha dado su visto bueno preliminar a la reforma y esperan que se apruebe con los menores cambios posibles.