Esta norma pretende garantizar la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el desarrollo de las campañas institucionales de publicidad y comunicación.

Para ello, se erradican las campañas cuya finalidad sea "ensalzar la labor del Gobierno" o "denostar la actividad de otras administraciones en el uso legítimo de sus competencias", y se desarrollarán con criterios profesionales para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Para garantizar el aumento de receptores potenciales de estas campañas, se harán en las diferentes lenguas del Estado y serán accesibles a personas con discapacidad.

Se habilitarán también mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer las actividades de publicidad y comunicación previstas por la Administración General del Estado y las entidades adscritas a ella.

Toda persona o entidad que considere que una campaña institucional incumple las normas podrá pedir su paralización. La solicitud será resuelta en seis días por una comisión interministerial creada a estos efectos.

Además, toda la publicidad institucional se planificará y recogerá previamente en un plan anual y después dará lugar a un informe que se presentará, también anualmente, a las Cortes.