Pérez, que acudió a la capital gaditana para visitar las instalaciones de Tabacalera en la iudad, fue recibido por los trabajadores de la compañía con pancartas de rechazo a la regulación de empleo anunciada por la compañía, que según su presidente afectará a unos 500 puestos de trabajo.

El máximo responsable de Tabacalera explicó que no hay "ningún mandato de privatización de la empresa. El accionista principal no me ha trasmitido su intención y, en consecuencia, los programas que se están desarrollando van dirigidos a mantener la fortaleza y la solvencia financiera de la compañía, y por l tanto la seguridad futura en cuanto al esquema de producción y al empleo".

Sin embargo, justificó el ajuste de plantilla anunciado en la caída de consumo de tabaco, a un ritmo de entre el 2 y el 3 por cien anual, y que en 1993 podría ser aún superior, de más del 5 por cien, "por lo que se trata de ajustar la plantilla a la producción prevista".

Pedro Pérez, al que previamente habían informado los empleados de su intención de aceptar un plan de bajas voluntarias, señaló que el recorte de plantill se haría exclusivamente mediante bajas incentivadas, con una oferta dirigida a los trabajadores de mayor edad.

Las palabras del presidente de Tabacalera fueron recibidas con sorpresa por los obreros, ya que un portavoz del comité de empresa consultado por Servimedia afirmó que la dirección presentó el miércoles en Madrid un expdiente de regulación de empleo que debería estar ejecutado antes de fin de año.

Los empleos a extinguir con la supuesta regulación serían unos 500 sobre una plantilla de 8300 personas y afectarían a 155 trabajadores andaluces de los cerca de 2.000 que trabajan para Tabacalera en la región. El reparto del ajuste laboral en la comunidad autónoma sería el siguiente: 70 bajas en la factoría de Cádiz, 55 en la de Sevilla y 30 en la de Málaga.