Así lo explicó la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

En el transcurso de esa rueda de prensa la Cope difundió un comunicado en el que pide disculpas por la "broma" que un equipo de humoristas gastaron al presidente electo de Bolivia, Evo Morales, haciéndose pasar por José Luis Rodríguez Zapatero. El comunicado de la Cope llegó a manos del secretario de Estado de Comunicación mientras Fernández de la Vega comparecía en rueda de prensa, pero no se refirió a su contenido por carecer del tiempo necesario para valorarlo con calma.

En todo caso, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno espera "unas disculpas contundentes, claras y evidentes por un hecho grave que ha tenido consecuencias graves para los intereses generales de España, para la política exterior y en las relaciones con otros países".

De sus palabras se deduce que el Gobierno espera resolver el incidente por esa vía, la de las disculpas. Aseguró que, en este momento, "no estamos en la tesitura" de emprender acciones legales, "lo cual no significa que nada pueda quedar excluído". "En principio", dijo, "el tema se ha planteado en el ámbito de la política". La vicepresidenta se declaró "defensora a ultranza" de la libertad de expresión y aseguró, además, que en España está garantizada, entre otras cosas, porque los ciudadanos han demostrado su capacidad de elegir entre distintas opciones políticas e informativas.

"Cuestión distinta", precisó, "es que, al hilo de una falsa libertad de expresión, se mezclen otras situaciones, como así ha sucedido, por un lamentable incidente ocasionado por la ocurrencia de una cadena de emisoras".

Esa "ocurrencia", subrayó, ha requerido una intervención diplomática y ha obligado al Gobierno a disculparse ante un país "amigo y querido", como es Bolivia.

"Todo en democracia tiene límites, y para el Gobierno uno de ellos es preservar los intereses del Estado. Por ello hemos exigido una reparación formal y creíble a la Conferencia Episcopal y a la representación de la Nunciatura".

Pese a dar por hecho que el incidente se saldará tras una disculpa, la vicepresidenta juzgó "lamentable e inexcusable" lo sucedido.

"Hay ocasiones en la vida que dejan al descubierto la verdadera naturaleza de las personas y de las cosas, y esta es una de ellas. Lo que ha quedado al descubierto en este caso es irresponsabilidad, frivolidad y prepotencia".

Se ha visto, además, "la más absoluta falta de respeto y miramiento por la dignidad de alguien que ha sido elegido por los ciudadanos de otro país, y de todos los que nos sentimos concernidos por la convivencia nacional e internacional, por la reputación de España, y por nuestros intereses y de los de nuestras empresas".

"Lamento tener que decir que siento vergüenza como portavoz del Gobierno, pero también, simplemente, como española", dijo la vicepresidenta, convencida de que ese sentimiento es compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La vicepresidenta no valoró la opinión que la "broma" de la Cope ha merecido al Consejo Audiovisual de Cataluña ni a las voces que apuntan a un intento de este organismo de cerrar emisoras.

Se limitó a asegurar que el futuro proyecto de leyregulador del Consejo Estatal Audiovisual que prepara el Gobierno tendrá como principal objetivo garantizar que se cumple la ley y defender a los usuarios. "Debe servir para proteger derechos, no para socavarlos", sentenció.

Explicó que esa ley sustraerá facultades que ahora recaen en la Administración para traspasarlas a un organismo independiente, cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento.