El Ejecutivo señala que la últim reforma del Impuesto del Patrimonio, aprobada el pasado mes de junio, "supone una mayor equidad, eficacia y justicia redistributiva", y afirma que, con la creación de un impuesto sobre grandes fortunas, el nuevo gravamen "dejaría de desempeñar una función de control y análisis complementario del IRPF".

A su juicio, la implantación de un tributo de esas características "supondría el tener que abandonar criterios de valoración administrativos" y acudir "a valores de mercado, lo que dificultaría la compobación y gestión del impuesto y su coordinación con el resto del sistema impositivo".

Otra razón aducida por el Gobierno es que en países donde se introdujo un impuesto un impuesto sobre las grandes fortunas, como hizo Francia en 1989, la medida "está siendo objeto de revisión".

El Gobierno estima que, con el nuevo Impuesto del Patrimonio "se eleva la progresividad de la tarifa", al pasar de un abanico de tipos marginales de entre el 0,2 y el 2 por cien, a partir de 2.500 millones, a otro de ente el 0,2 y el 2,5 por cien, a partir de 1.600 millones de pesetas.

También destaca que este gravamen, permite una tributación efectiva, mediante el establecimiento de un impuesto mínimo, para aquellos sujetos "con base imponible nula o insignificante en el Impuesto de la Renta".