Un alto cargo de Trabajo explicó a Servimedia que "no es necesario crear un sindicalismo de Seguridad e Higiene, una burocratización, que se soporte por horas".

Esta medida, sin embargo, no gusta nada a los sindicatos que consideran que sin un delegado liberado, o de prevención como figuraba en un anteproyecto que sobre esta ley se elaboró en 1992, "malamente se podrá vigilar si se cumplen o no las normas".

En Trabajo son conscientes de la polémica que puede crear est medida por la radical oposición mostrada por los sindicatos. Las centrales se oponen a que los delegados no tengan horas para realizar sus labores como representantes de los trabajadores, ya que, "si no se dispone de horas un delegado no puede estar vigilando que se cumpla la normativa, o para proponer medidas que mejoren la calidad del medio ambiente de trabajo".

DELEGADO DE PREVENCION

La figura del delegado de prevención, que acarreó mucha polémica al reflejarse en el anterior anteproyecto de ley que fue rechazado hasta 12 veces por la Comisión de subsercretarios presidida por Narcis Serra, podría quedar eliminada.

También se baraja que esta figura sólo sea soportada por un delegado sindical ya liberado por realizar otro tipo de funciones, "siempre sin créditos horarios". La intención es evitar un incremento del número de delegados sindicales que provoque una disminución de la actividad y productividad de la empresa.

En palabras de un responsable sindical "cuesta mucho tener delegados deprevención y no quieren que el empresario cargue con un coste adicional ya que supone hacer un desembolso".

En este sentido, la patronal CEOE, que se opuso enérgicamente cuando se debatió el Anteproyecto de Ley de 1992, elaboró un informe en el que calculó dicho coste para los empresarios en 294.000 millones de pesetas al año.

ADAPTARSE A LA CE

Al margen de esta polémica medida, la nueva ley tiene como otro de los objetivos el adaptarse a la directiva marco de la CE sobre la Seguridad y Salud e el Trabajo.

Sin embargo para los sindicatos la directiva marco es "poco menos que imposible, ya que quedarían huecos sin cubrir, existen vacíos legislativos".

La normativa comunitaria contempla, entre otras cosas, la posibilidad de que un trabajador pueda paralizar un proceso productivo, a modo individual, en el caso de detectar un peligro flagrante.

Con todo, existe una cláusula de salvaguarda según la cual, en el caso de ser todos los trabajadores los que paren su actividad, tendrá que jutificarse para no producir un quebranto económico en la empresa.

El nuevo texto podría ser aprobado tras el verano, si bien sufrirá varias modificaciones, ya que deberá ser remitido al Consejo Económico y Social (CES) para un posterior dictamen y consulta con los agentes sociales.