El colectivo de "niños de la guerra", evacuados de España durante la guerra cvil, solicitó al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, el reconocimiento de un estatus de emigrantes forzosos y el acceso a una pensión específica.

Como respuesta a esta reivindicación, el informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apunta que, "desde la Seguridad Social, y en la actual configuración de nuestro sistema de protección social, no se puede hacer frente a una pretensión como ésta, lo que no obsta para que puedan estimarse otras vías de protección para este colectivo meiante mecanismos de cobertura genérica del Estado".

Previamente, el informe recuerda los esfuerzos de las autoridades españolas por negociar, primero con la URSS y luego con las repúblicas resultantes de la desmembración, los convenios necesarios para garantizar a estas personas la percepción de la pensión contributiva vigente en cada caso.

Previamente a esta negociación, prosigue, se recurrió al mecanismo de pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes para ayudar a los "niñs de la guerra" mientras pudieran acceder a una pensión de la Seguridad Social o a una ayuda pública de cualquier administración.

Así, concluye, "cabe considerar que todos los españoles retornados a nuestro país que emigraron como consecuencia de la guerra civil en el periodo 1936-1942, si no tienen derecho a una pensión del sistema de Seguridad Social u otra pensión o ayuda reconocida por cualquiera de las administraciones públicas, son acreedores a la referida protección de pensiones asistenciales pr ancianidad".

El informe asegura que estas vías de protección son compatibles con otras, como los programas en favor de los emigrantes retornados puestos en marcha periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Sin embargo, y por estos motivos, el Gobierno rechaza "la nueva orientación de las reivindicaciones" de este colectivo al pretender el acceso a una pensión específica "en virtud de sus circunstancias excepcionales".