El decreto reconoce el derecho e los minusválidos psíquicos al reintegro de estos gastos y destaca las peculiaridades que los disminuidos presentan en el ámbito de la salud bucodental.

Entre los deficientes psíquicos hay una mayor incidencia de las enfermedades peridentales y especialmente mayores problemas en la aplicación de terapias, que requieren un tratamiento en consulta diferente al habitual.