Mientras el presidente y el vicepresidente del Ejecutivo foral han negado durante estos últimos días que se trate de asumir competencias sino de hacer cumplir la legalidad. El alcalde de la capital navarra, Alfredo Jaime, aseguró que se trata de un ataque a la autonomía municipal y que recurrirá la decisión ante los tribunales, sin decartar una acusación de prevaricación.

Por su parte, varios partidos de la oposición parlamentaria y la Federaión Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) indicaron que la decisión del Gobierno es una intromisión injustificable y han pedido el diálogo entre las partes.

La primera ocasión en que el Gobierno toma una decisión de esta características ha sido interpretada por diferentes fuentes como un paso más de la guerra abierta entre el presidente Juan Cruz Alli y Alfredo Jaime, enfrentamiento que se hizo público cuando el primero demandó la dimisión del alcalde por las sospechas públicas de corrupción existenes contra él.

Para Alli, la medida es necesaria ante el sistemático incumplimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento de Pamplona. "El Gobierno ha venido impugnando todas las acciones del Consistorio que, entiende, incumplen esta legalidad. Por tanto, tenía el deber de aprobar este decreto y así poner en marcha el régimen transitorio que el Ayuntamiento, deliberada y conscientemente no ha puesto porque no le conviene. Y ello porque ha puesto su interés económico de tener una fuente de ingresos en mi opinión, ilegales".

Por el contrario, Alfredo Jaime estima que el decreto es contrario a la ley y agrede las competencias municipales y las del propio Parlamento de Navarra, "al usurparles una ley, que es como debía hacerse, y no por decreto".

El Comité Ejecutivo de UPN, que semanalmente se reune los lunes, tratará hoy este tema. Alli y Jaime volverán a enfrentarse en el órgano directivo de su partido, ya que el alcalde de Pamplona demandará que la formación regionalista opine sobre este útimo tema en litigio.