Esta sanción multiplica por dos la multa propuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia, en una resolución dictada el pasado 8 de julio, en atención a la incidencia social del fraude y a que produjo una duplicaión de los precios durante meses de alta demanda.

En la citada resolución del Tribunal del Defensa de la Competencia, a cuyo texto tuvo acceso Servimedia, este organismo consideró probado que las empresas sancionadas se pusieron de acuerdo para limitar la producción mediante el sacrificio anticipado de gallinas, la disminución del número de pollitos de un día aptos para el cebo, la reducción del número de huevos par incubar y el fomento concertado de la exportación.

Estas prácticas fueron acordads en una reunión celebrada el 13 de mayo de 1988 entre empresarios del sector avícola, tras haberse cotizado el kilo de pollo vivo a 82 pesetas en días anteriores.

En esa reunión, los empresarios acordaron limitar la producción, creando una caja de resistencia, así como mantener encuentros mensuales y aceptar que se establecieran medios de control para el seguimiento de estos pactos, cuya duración estaba previsto prolongar hasta finales de 1988.

A partir de ese momento, tuvieron lugar reuniones d carácter regional en las que se verificó el cumplimiento de acuerdos y se decidió el establecimiento de comisiones de seguimiento y la adopción de medidas de represalia contra las empresas que no cumplieran el pacto.

Otros acuerdos tomados en los meses siguientes incluían destinar a la exportación el 15 por ciento de huevos de incubar producidos en determinadas semanas y la aprobación de un plan de exportación de 100.000 canales de pollo semanales.

En el periodo de 1988 en que se pusieron en ejeución estos acuerdos, los precios fueron ascendiendo desde las 102 pesetas que costaba el kilo de pollo vivo en lonja y las 155 pesetas de la venta en canal al por mayor (en la semana del 30 de mayo al 4 de junio) hasta las 162 y 232 pesetas respectivamente, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 20 de setiembre.

El tribunal resalta en su resolución la trascendencia social de estas prácticas ilegales, al señalar que una gran mayoría de los ciudadanos compran carne de pollo, por ser la demás módico precio en el mercado.

LAS MULTAS

Las mayores multas impuestas por el tribunal (ahora duplicadas por el Consejo de Ministros) recayeron sobre la ANPP, con 100 millones de pesetas; AMIAVE, con 15 millones; la empresa Antonio Porta Labata, con 32,5 millones; y Producciones Agropecuarias Fabra, con 16,75 millones.

Otros 2 millones fueron impuestos a Agrupación Pecuaria, 10,5 a Aragonesa de Piensos, 4,75 a Aves de León, 4,5 a Avícola Castellana, 5,25 a Avícola de Galicia, 1,25 a Avicu, 4,5 a Avícola Levantina, 2,5 a Bioter, 7 a Comave, 2,5 a Compañía de Piensos Valenciana, 1 a Compañía Extremeña de Nutrición Animal, 1 a Compañía Murciana de Nutrición Animal, y 2,75 a la Compañía Reusense.

Otros 11,25 millones a la Cooperativa Comarcal de Avicultura de Reus, 2 a Cooperativa Lugo Avícola, 4 a Cooperativa de Granjeros Pontevedreses, 11,25 a Cooperativas Orensanas, 10,25 a Copaga, 15,5 a Copoll, 1 a Eiras, 5,75 a Estirpes Selectas, 3 a Granja Crusvi y 3,5 a Granja Julia.

Además, 3,75a Granja Los Arcángeles, 5,5 a Granja Porta, 3,5 a Hibramer, 2 a Hijos de Marcelino Herranaz, 2,5 a Industrias de Transformación Avícola, 6 a Miguel Callís, 1,25 a Piensos Baga, 2,5 a Piensos La Foca, 9,5 a Piensos y Ganados, 8,25 a Productos La Florida, 6 a Pipensa, 4 a Puente Blanca, 6,75 a Saprogal.

Completan la lista Avícola Santa Eulalia, con 500.000 pesetas; Ebro Agrícolas, con 250.000; Cooperativa Sacor, con 750.000; y Rivadulla, con 500.000.

Este expediente sancionador es el que ha dado lgar a la imposición de las mayores multas en la historia del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuya capacidad de actuación quiere reforzar el Ministerio de Economía, dentro de las medidas estructurales incluidas en el plan de competitividad que presentó a los interlocutores sociales.