En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega subrayó que la admisión a trámite de las demandas es "habitual" en este tribunal y "no prejuzga" nada de lo que después es la decisión sobre el fondo del asunto.

En ese fondo, el Gobierno está convencido de que el tribunal de Estrasburgo acabará confirmando las decisiones tomadas en su día por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Subrayó además que se trata de una admisión a trámite parcial, en la que de entrada el tribunal rechaza examinar "buena parte" de los motivos planteados por los recurrentes, y sólo estudiará los relativos a presuntas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en las garantías de libertad de expresión y asociación y celebración de elecciones libres.

El Gobierno considera que las decisiones del Supremo y del Constitucional en este sentido estuvieron "plenamente fundamentadas" y fueron "plenamente respetuosas" con la Constitución y el ordenamiento jurídico español y también con la Convención Europea.

Fernández de la Vega no quiso confirmar expresamente que esa decisión de Estrasburgo obligue al Gobierno a afinar aún más los argumentos ante una posible ilegalización de ANV y del PCTV.

El Gobierno, explicó, actuará "como siempre se ha hecho" y como corresponde en democracia, argumentando todas las decisiones, que se toman "con toda la determinación pero también con todo el rigor".

"Estas decisiones no se toman nunca por motivos coyunturales, ni de forma partidaria, ni por intereses políticos", sino bajo el criterio de que quien incumple la leydebe atenerse a recibir el peso de esa misma ley.

La vicepresidenta subrayó que sobre este asunto "se habla, se exige", pero lo cierto es que los mecanismos del Estado de Derecho están "siempre activados" para evitar vulneraciones de la ley.

En contra de las acusaciones del PP, la vicepresidenta defendió "la determinación y la contundencia" de los escritos presentados ante el tribunal de Estrasburgo por los servicios jurídicos del Estado, documentos "extraordinariamente buenos" en defensa de las decisiones adoptadas por los tribunales españoles.

La prueba de ello, señaló, es el rechazo, incluso en la admisión a trámite, de parte de los argumentos esgrimidos por los recurrentes. La Ley de Partidos en la que se basó aquella ilegalización, concluyó, sigue "plenamente vigente".