En una rueda de prensa en la que el ministro presentó la Comisión de Expertos Independientes que determinará los casos de transfuguismo cuando no haya acuerdo entre los partidos políticos, Sevilla advirtió que la corrupción urbanística no es un asunto de "unos contra otros en términos político- partidistas" porque "desgraciadamente chorizos puede haber en todos los lados y es un problema de los corruptos, los corruptores y el resto de los demócratas", sentenció.

En este sentido, el titular de Administraciones Públicas dijo que el Gobierno va a actuar en términos jurídicos y legislativos y que cambiará algunas leyes como la Ley del Suelo y apuntó nuevos cambios que afectarán a normas como la Ley de Bases de Régimen Local.

"Quienes sientan la tentación de aceptar sobornos a cambio de decisiones administrativas tienen que saber que su destino final será la cárcel", sentenció Sevilla.

Sevilla consideró también que restar competencias a los ayuntamientos en materia urbanística puede formar parte de la solución aunque "no es la solución", explicó. No obstante, el ministro señaló que, en breve, se anunciarán medidas para frenar la corrupción urbanística y se revisarán algunos dictámenes que hoy son preceptivos para que pasen a ser vinculantes.

Asimismo, Sevilla dejó claro que no se puede aceptar que las corrupciones tengan que ver con la financiación de los ayuntamientos. Admitió que los ayuntamientos españoles pueden tener o no problemas de financiación pero "desde luego que nadie diga que se resuelven corrompiéndose, porque normalmente la financiación de los corruptos no va a los ayuntamientos", aclaró.

EXPERTOS EN TRANSFUGUISMO

El ministro de Administraciones Públicas presentó a los cinco hombres que forman la Comisión de Expertos Independientes para casos de transfugismo que estará formada por: el catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolivar; el especialista en Derecho Público de la Universidad de Valencia, Cristóbal Sirera; el Doctor en Derecho, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón; el Doctor en Derecho, Adolfo Barceló; y el licenciado en Derecho por la Complutense, Manuel Horrillo.

La creación de esta comisión es fruto del refuerzo del Pacto Antitransfuguismo, alcanzado el 23 de mayo de 2006, que contemplaba que un grupo de expertos independientes decidiría si un caso es o no transfuguimo, cuando las fuerzas políticas presentes en el Pacto no alcancen un acuerdo sobre el tema.

Según dijo Sevilla, el perfil de peso y de valor intelectual, político, personal y profesional de los expertos "afianza un estilo, una manera de hacer que han entendido los partidos firmantes del pacto que es buena, en este caso, y que podremos reproducir en otros ámbitos de la Administración, con el fin de desjudicializar determinado tipo de confrontaciones y recurrir en el ámbito de la actividad pública y política a este tipo de arbitraje para solucionar conflictos sin necesidad de ir siempre a los tribunales", concluyó.