El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hicieron este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Moncloa, donde explicaron que este plan consta de 31 medidas que se implementarán en los próximos tres años de legislatura con el objetivo de "dotar a la democracia de mayor transparencia y garantizar una información veraz" en virtud del artículo 20 de la Constitución.

El principal argumento del Gobierno para realizar este plan es que la Comisión Europea "ya lo aprobó en 2020" y el Parlamento Europeo "lo complementó con más medidas en 2023", junto al reglamento de libertad de medios que entró en vigor el pasado mayo. Se trata de una hoja de ruta trazada por el Gobierno y las aportaciones de las fuerzas parlamentarias que quisieron sumar sus medidas en las reuniones que ambos actores mantuvieron en julio, tras la presentación de este plan por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo busca ahora seguir reuniéndose con todas las formaciones para sacar adelante estas medidas en la Cámara Baja, lo que jurídicamente implicará la modificación de la Ley de Secretos Oficiales; la Ley de Publicidad Institucional; reformar el Código Penal y modificar las leyes orgánicas de derecho al honor, derecho de rectificación y la del régimen electoral.

El ministro de Justicia explicó que los principales ejes de este plan se centran en "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de los medios para garantizar información veraz para los ciudadanos y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral de nuestro país".

Respecto al primer eje, el Ejecutivo propone que todos los gobiernos autonómicos aprueben una rendición de sus cuentas, de tal manera que los ciudadanos puedan conocer el nivel de ejecución de sus compromisos. Asimismo, y para luchar contra la corrupción institucional, plantean desarrollar la autoridad independiente de protección del informante. Una norma pendiente de desarrollo y que desde Bruselas ya se advirtió al Gobierno central que debía desarrollarla en la lucha contra el fraude en las administraciones.

Asimismo, el Gobierno anunció la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que el PNV ha reclamado durante años, que "data de 1968 y es preconstitucional", apostilló Bolaños. El ministro recordó que el Gobierno ya aprobó un primer borrador y que debería de servir "de base sólida para comenzar a negociar".

TRANSPARENCIA

Respecto a las medidas aprobadas en el segundo eje, que tienen que ver con la transparencia y calidad de los medios de comunicación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, explicó que se pondrá en marcha "un registro de medios para poner luz sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben" y será supervisado por un organismo independiente como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) previa reforma. El ministro de Justicia apostilló que "será necesario reformar" este organismo para que cumpla con los requisitos de supervisión que se solicitan desde Bruselas.

Del mismo modo, se establecerá el deber de publicar anualmente el detalle de la inversión publicitaria que realizan las instituciones públicas, lo que tendrá que llevarse a cabo de forma “visible, clara y transparencia”, añadió Urtasun.

A su vez, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para “introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación” y para garantizar que los métodos de medición de audiencias no se utilizan para “falsear” las cifras y, de este modo, conseguir un sistema de reparto de publicidad institucional “más justo” para “evitar que con dinero público se financien ‘pseudomedios’ que promueven la intoxicación mediática y las ‘fake news’”.

El titular de Cultura avanzó que se pondrán "medidas de discriminación positiva para los medios elaborados en las lenguas cooficiales” del Estado y se impulsará una ley de secreto profesional para “garantizar el secreto de las fuentes”, desarrollando lo contenido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Este plan también servirá para trasponer la directiva contra las ‘Slapp’ al ordenamiento jurídico español con el objetivo de reforzar la “protección a los periodistas ante acosos externos”, como las “demandas abusivas por hacer su trabajo”. Además, precisó que esta iniciativa permitirá “acabar con la anomalía” contenida en varios preceptos de la conocida como ‘ley mordaza’, reformando el artículo 34 que establece sanciones a los profesionales de la información cuando cubren acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, planteó introducir “límites a la financiación de las instituciones públicas a medios” para que no haya cabeceras “impulsadas” por aquellas, y se revisará el marco regulatorio para auspiciar el pluralismo político para “evitar la concentración” y “hacer frente a los oligopolios mediáticos”.

Bolaños, por su parte, apuntó que se modificarán las leyes orgánicas, de 1982 y 1984 respectivamente, que regulan el derecho al honor y a la rectificación por tratarse de dos leyes que se han quedado "obsoletas" en base a la "realidad de medios que opera en el momento actual" para "garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta efectiva a cualquier información que se publique".

Asimismo, anunció la "necesaria" reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo, pero también a la Corona. Pese a que este último punto no se posicionó Bolaños, fuentes de Sumar aseguraron que la eliminación de las injurias a la Corona es una propuesta que tienen pactada con los socialistas. "Lo que está incluido y que impulsaremos es una reforma integral sobre libertad de expresión y creatividad artística que se relacionen con las instituciones publicas", zanjó Bolaños.

MAYOR PUBLICIDAD

Respecto al tercer eje, sobre medidas que garanticen una mayor publicidad de las instituciones, el Gobierno considera necesario establecer de manera "obligatoria" que anualmente se celebre el Debate sobre el Estado de la Nación, una cita que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo ha celebrado una vez desde que llegó a La Moncloa en 2018.

Además, el ministro de Justicia ve "obligatorio" reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que los candidatos acudan a los debates en las campañas electorales. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los diferentes candidatos y a confrontar en ese debate en el formato que se acuerde", señaló. También pidió hacer "obligatorio por ley" que las encuestas que se publiquen en periodos electorales hagan públicos los microdatos que se están publicando, porque consideró que algunos sondeos "parecen que lo que pretenden es influir sobre el estado de opinión".

Por último, el ministro solicitó impulsar una ley de grupos de presión, tal y como recomienda la Comisión Europea, y forzar a que los partidos publiquen sus cuentas, así como los políticos den a conocer sus declaraciones de bienes e intereses. Algo que ya existe pero que, según Bolaños, no todos los partidos publican haciendo alusión a Vox.

Se trata, según Bolaños, de un plan "ambicioso" y, para ello, anunció la creación de una comisión interministerial que se centre en dar cumplimiento mediante reuniones de los ministerios afectados, una vez al menos cada tres meses, para que en tres años se dé todo por aprobado.

"La prioridad de este Gobierno es tener una democracia limpia, contar con unos medios transparentes y que los ciudadanos reciban información veraz", zanjó Bolaños.