Según el Gobierno, esta reforma moderniza el Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde hace veintidós años, en los términos recogidos en el punto 9 del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por todos los grupos políticos el pasado año.

El texto remitido al Parlamento recoge la reforma estructural que el citado pacto plasmaba, con el establecimiento de la temporalidad de los cargos jrárquicos con criterios objetivos y adaptando la organización interna de la fiscalía. El nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal tiene por objeto, según el Ejecutivo, modernizar su estructura y funcionamiento, dotándola de una organización más ágil y eficaz en la lucha contra la delincuencia.

EJES FUNDAMENTALES

La reforma se basa en tres ejes fundamentales. En primer lugar, se otorga al fiscal un papel más activo respecto a la víctima del delito y se incorpora al Estatuto la función de velar por la proección procesal de las víctimas, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban ayuda y asistencia efectivas.

En segundo lugar, se adapta la organización del Ministerio Fiscal a las nuevas responsabilidades, así como al incremento de su planta, que supera ya el número de 1.700 fiscales. En este sentido, se vertebra la organización de las grandes fiscalías, creando la figura del fiscal delegado, con funciones de coordinación y dirección en el seno de las mismas.

Esta nueva estructura favoree, a juicio del Gobierno, la atención especializada de aquellos problemas específicos de la delincuencia que, como la violencia doméstica, menores, delitos medioambientales o siniestralidad laboral, producen una especial alarma y preocupación social o requieren de una singular concentración de la actividad del Ministerio Fiscal.

FIN A LOS MANDATOS VITALICIOS

Por otro lado, se pone fin a la situación actual de mandatos vitalicios y se establece una duración temporal de cinco años, con posibilidad de enovación, del mandato de los fiscales jefes, con el objetivo de promover una mayor exigencia en el desempeño de la Jefatura y dinamizar la institución.

Con esta medida, se equipara la situación de los fiscales jefes con la existente en la carrera judicial, en la que presidentes de audiencia y tribunales superiores de justicia se renuevan también periódicamente.

Finalmente, para impulsar una mayor especialización de los fiscales, como recoge el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, se icorpora el mérito, junto al tradicional principio de la antigüedad, como criterio de promoción en la carrera para el ejercicio de determinadas funciones caracterizadas por la necesidad de una mayor experiencia y capacitación profesional o de formación específica.