El contrato comprenderá tanto la prestación de los servicios técnicos necesarios (pulseras electrónicas, pulseras GPS, etc) como los servicios de asistencia técnica para formar a los funcionarios encargados de su adecuado funcionamiento.

El plazo de ejecución del contrato será de tres años a partir de su firma, prevista a partir del día 1 de septiembre de este año, prorrogable por otros tres años. El presupuesto total se distribuye con el siguiente desglose de anualidades: año 2009, 1.559.665 euros; año 2010, 6.205.025 euros, año 2011, 6.355.725 euros, y año 2012, 4.837.875 euros.

El desarrollo de la tecnología ha permitido introducir nuevas formas de cumplimiento de penas a través de medios de vigilancia a distancia. Estos medios cuentan con mecanismos de tecnología integrada que permiten localizar a una persona en un lugar y un momento determinado.

Desde finales del año 2001 se viene desarrollando en la Administración Penitenciaria un programa de vigilancia remota de internos clasificados en tercer grado que pernoctan en sus domicilios sujetos a vigilancias a través de las denominadas "pulseras".

A ello habría que añadir la introducción en el año 2003 de la pena de localización permanente en el Código Penal que implica el control de la permanencia del penado en su domicilio, y los programas de vigilancia de determinados internos condenados por delitos contra la libertad sexual y violencia de género, que se llevan a cabo mediante sistemas GPS durante permisos o salidas de los centros penitenciarios.

Ello ha motivado que desde el inicio de este programa se hayan contratado los servicios necesarios, tanto para dar la necesaria cobertura tecnológica de la mencionada vigilancia de los internos, como para formar a los funcionarios encargados de su control.

El vigente contrato de los servicios anteriormente citados finalizará a principios del mes de septiembre, por lo que es necesario proceder a la firma de un nuevo contrato que garantiza la continuidad en su prestación.