Asi consta en un Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que ajusta las ponderaciones que se aplican a los riesgos que asumen los bancos y cajas cuando compran deuda pública. Hasa ahora, se le aplicaba un coeficiente de penalización del 20%, mientras que no existía dicha carga en el caso de los Gobiernos autonómicos.

A partir de ahora, las emisiones de los ayuntamientos, siempre bajo la autorización el Estado, tendrán el mismo tratamiento que las autonómicas, esto es, no computarán como riesgo contraído por bancos y cajas y no les supondrá uso de recursos propios.